México proyecta un impacto económico contundente con la entrada en vigor de los nuevos aranceles aprobados para 2026. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró que las cuotas de entre 5% y 50% aplicadas a más de mil fracciones arancelarias permitirán recaudar 70 mil millones de pesos y, al mismo tiempo, proteger 350 mil empleos nacionales. El funcionario insistió en que la medida no apunta a una sola nación, sino que busca cerrar el paso a prácticas de sobreproducción y precios de remate que, según dijo, afectan a sectores clave como el textil, el calzado y el aluminio. Las declaraciones se dieron después de que la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que la medida no está dirigida específicamente a China, sino a cualquier país sin tratado comercial con México.
Contexto de los aranceles aprobados por el Senado
Ebrard explicó que la medida responde a un escenario de competencia desequilibrada provocado por una fuerte sobreproducción global. Dijo que varios países asiáticos empujan mercancías a precios reducidos hasta en 60% o 70%, lo que ha puesto en desventaja a productores mexicanos. Subrayó que el objetivo es igualar condiciones, ya que “todos los países que exporten esas fracciones deberán pagar un poco más o mucho más”, según el tipo de producto.
El secretario también destacó que Indonesia y Vietnam enviaron a México alrededor de 3 mil millones de dólares cada uno en mercancías durante 2025. Remarcó que ese volumen evidencia que el impacto no se limita a un solo país, sino a una cadena de proveedores que ha ganado terreno en el mercado mexicano gracias a precios artificialmente bajos.
El Senado aprobó la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación (Ligie), que establece aranceles para 1,463 líneas de productos provenientes de países con los que México no mantiene tratados comerciales. Los nuevos cargos aplican a sectores como textil, aluminio, acero, plásticos y diversos bienes manufacturados. La medida entrará en vigor el 1 de enero de 2026 y representa uno de los ajustes comerciales más amplios del sexenio.
En paralelo, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró que la decisión fue tomada después de reuniones con empresarios que advirtieron sobre riesgos para la industria nacional si continuaba el ingreso de mercancías a precios de remate. También aclaró que hubo comunicación con países como China y Corea del Sur antes de avanzar con la iniciativa, a fin de evitar interpretaciones diplomáticas erróneas.
Reacciones internacionales y señales hacia el T-MEC
China reaccionó rápidamente y pidió a México revertir “lo antes posible” las medidas, que calificó como un retroceso hacia políticas proteccionistas. El país asiático expuso su molestia por la afectación a más de 1,400 productos y expresó su deseo de que México “corrija sus prácticas erróneas de unilateralismo”. A pesar del mensaje, funcionarios mexicanos insistieron en que la prioridad es salvaguardar empleos y evitar que sectores enteros queden desplazados.
Este viraje comercial sucede al tiempo que México se prepara para la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), prevista para 2026. La renegociación ocurre bajo constantes presiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha abogado por un mayor control del comercio exterior. La posición del Gobierno mexicano busca llegar a esa mesa con una industria fortalecida y menos vulnerable al dumping.
Ebrard insistió en que el propósito de los aranceles no es encarecer los productos para el consumidor final. Recordó que hubo consultas con empresarios para distinguir entre protección productiva y afectaciones al costo de vida. El funcionario aseguró que se buscó el equilibrio para evitar aumentos innecesarios al consumidor.
El Gobierno federal argumenta que, sin este ajuste, México correría el riesgo de perder miles de empleos en sectores históricamente vulnerables a la competencia desleal. Con la recaudación estimada de 70 mil millones de pesos, se espera además financiar programas que impulsen la competitividad.
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