México y Estados Unidos alcanzaron un acuerdo en el marco del Tratado de Aguas de 1944 que permite desactivar la amenaza de un arancel del 5% planteada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El entendimiento fue anunciado mediante un comunicado conjunto, en el que ambos gobiernos subrayaron la necesidad de cumplir con las obligaciones binacionales en materia de agua y de reforzar la cooperación para una gestión más eficiente del recurso hídrico.
De acuerdo con lo informado, México tiene la intención de liberar 249,163 millones de metros cúbicos de agua, con entregas programadas a partir de la semana del 15 de diciembre. Este volumen forma parte de los compromisos pendientes establecidos en el tratado vigente desde 1944, que regula la administración de los ríos Colorado, Bravo y Conchos, fundamentales para comunidades agrícolas y urbanas de ambos países.
En el comunicado, las dos administraciones reconocieron la “importancia crítica” de cumplir con las entregas de agua pactadas, al señalar que su impacto es directo en el bienestar económico y social de las regiones fronterizas. Coincidieron, además, en que el manejo oportuno y coordinado del recurso es indispensable ante escenarios de sequía prolongada y presión creciente sobre las cuencas compartidas.
Las autoridades precisaron que las negociaciones continúan y que existe la intención de concluir un plan integral antes del 31 de enero de 2026. Este calendario busca dar certidumbre a los usuarios del agua en ambos lados de la frontera y evitar nuevas tensiones comerciales derivadas del incumplimiento de los acuerdos hídricos.
Advertencias, soberanía y marco legal
El comunicado conjunto también dejó claro que, en caso de incumplimiento, cada país puede actuar de manera soberana conforme a sus intereses nacionales, siempre sujeto a sus obligaciones internacionales dentro del Tratado de Aguas de 1944. Esta cláusula fue interpretada por analistas como un recordatorio del carácter vinculante del acuerdo, pero también de los márgenes de presión política existentes.
Ambos gobiernos reiteraron la importancia de seguir trabajando de manera coordinada en el marco del tratado y de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA/IBWC), instancia binacional encargada de supervisar y ejecutar los compromisos técnicos derivados del acuerdo.
El entendimiento se logró tras varios días de negociaciones intensas, luego de que el presidente Trump advirtiera que impondría un arancel del 5% a México si no se liberaban antes del 31 de diciembre los volúmenes de agua pendientes. La amenaza colocó el tema hídrico en el centro de la agenda bilateral y elevó la presión sobre las autoridades mexicanas.
Trump argumentó que México mantiene un adeudo acumulado superior a 986,4 millones de metros cúbicos en los últimos cinco años y sostuvo que el incumplimiento ha generado afectaciones económicas para agricultores y ganaderos estadounidenses, especialmente en estados fronterizos.
Un tratado con obligaciones recíprocas
El Tratado de Aguas de 1944 establece compromisos claros para ambas naciones. Estados Unidos debe enviar anualmente a México 1,850 millones de metros cúbicos de agua del río Colorado, mientras que México está obligado a entregar 2,185 millones de metros cúbicos del río Bravo en ciclos de cinco años.
Este esquema ha sido históricamente motivo de tensiones, sobre todo en periodos de sequía, cuando cumplir con los volúmenes pactados se vuelve más complejo. Sin embargo, el acuerdo alcanzado busca evitar una escalada política y comercial, y reafirma la vigencia de un tratado considerado estratégico para la relación bilateral.
Especialistas señalan que el reto no solo es cumplir con las entregas inmediatas, sino construir mecanismos de gestión más flexibles y transparentes que tomen en cuenta el cambio climático y la disponibilidad real del agua. En ese sentido, el diálogo abierto entre México y EE. UU. será determinante en los próximos meses.
Con este acuerdo, ambos países envían una señal de contención en un momento de alta sensibilidad política y económica. El cumplimiento del calendario de entregas y la conclusión del plan antes de 2026 serán claves para medir si el entendimiento se traduce en estabilidad duradera o si el tema volverá a convertirse en un punto de fricción.
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