Representantes del sector hotelero y empresarial de Cozumel demandaron este martes ser incorporados directamente en la toma de decisiones del Fideicomiso de Derecho de Cruceristas, para garantizar que los proyectos financiados respondan a las necesidades reales de la isla y promuevan un desarrollo sostenible. El planteamiento se expuso en rueda de prensa tras una reunión con el Comité Técnico del fideicomiso, donde se avanzó en una visión compartida para preservar recursos naturales y seguridad del destino.
Beatriz Tinajero Tarriba, presidenta de la Asociación de Hoteles de Cozumel, y Carmen Joaquín Hernández, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), informaron que en el encuentro se identificaron retos críticos: la situación de la planta de tratamiento de aguas residuales, el refuerzo del cable eléctrico submarino y otras obras de infraestructura esenciales para mitigar impactos ambientales sobre la barrera arrecifal —segundo sistema coralino más grande del mundo y principal atractivo turístico de la isla.
Hacia un modelo sostenible: Plan integral y representación local
Las líderes empresariales enfatizaron la urgencia de transitar a un modelo que equilibre conservación, innovación y crecimiento económico. Trabajan con organismos internacionales en un plan integral de desarrollo a largo plazo, que será presentado al Comité Técnico para priorizar proyectos dentro del fideicomiso.
Solicitaron un espacio de representación directa para Cozumel en el organismo, argumentando que la isla necesita «voz propia basada en el conocimiento local de sus necesidades». Además, extendieron invitación para que la próxima sesión del Comité se realice en Cozumel, permitiendo escuchar a más liderazgos locales.
Actualmente, el fideicomiso financia 249 millones de pesos en obras, incluyendo repavimentación del centro, construcción del Polifórum y un nuevo cuartel de policía.
Tinajero y Joaquín reiteraron la voluntad de colaboración entre actores turísticos y productivos, destacando que un enfoque inclusivo fortalecerá la competitividad de Cozumel como destino premium, protegiendo su patrimonio natural ante el creciente flujo de cruceristas —más de 4 millones anuales— y desafíos como cambio climático y sobrecarga ambiental.
Esta demanda refleja el consenso creciente en la isla por una gestión más participativa de recursos públicos derivados del turismo de cruceros.
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