Una jueza federal negó el amparo promovido por la defensa de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, con el que buscaba revertir tanto su vinculación a proceso como la prisión preventiva justificada que enfrenta desde septiembre. Con esta resolución, el presunto líder del grupo criminal conocido como “La Barredora” permanecerá recluido en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1, El Altiplano, uno de los penales de mayor seguridad del país, mientras avanzan los procesos judiciales en su contra.
La resolución fue emitida el pasado 16 de diciembre por la jueza Primera de Distrito en el Estado de Tabasco, Sandra Adriana Carbajal Díaz, luego de analizar la demanda de amparo presentada el 9 de octubre de 2025. En su fallo, la juzgadora consideró infundados los argumentos de la defensa, que alegaban una indebida valoración de las pruebas aportadas por el Ministerio Público. La jueza sostuvo que los datos de prueba existentes justifican plenamente tanto la vinculación a proceso como la imposición de la medida cautelar más severa.
De acuerdo con la resolución judicial, los delitos que se le imputan a Bermúdez Requena son de tal gravedad que hacen necesaria la prisión preventiva para garantizar su permanencia en el proceso, evitar riesgos de fuga y proteger a las víctimas. Por ello, el exfuncionario continuará interno en El Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, sin que el amparo modifique su situación jurídica actual.
Delitos imputados y posible condena
Hernán Bermúdez Requena fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en los delitos de asociación delictuosa, secuestro agravado y extorsión agravada, dentro de la causa penal 213/2025. Se trata de ilícitos del fuero común relacionados con hechos ocurridos en Tabasco, entidad donde se desempeñó como titular de la Secretaría de Seguridad Pública.
El fiscal general del Estado de Tabasco, Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros, informó que, en caso de que el exfuncionario sea declarado culpable, podría enfrentar una pena acumulada de hasta 158 años de prisión. Esta posible condena refleja la gravedad de las acusaciones y el alcance de las actividades delictivas que las autoridades le atribuyen.
Bermúdez Requena fue detenido en Paraguay y posteriormente expulsado a México, donde se le cumplimentó la orden de aprehensión vigente. Desde entonces permanece bajo custodia federal, mientras se desarrollan los procesos penales tanto en el ámbito local como federal.
Además de la causa penal que se sigue en Tabasco, el exsecretario enfrenta una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía General de la República por los delitos de delincuencia organizada y secuestro agravado. No obstante, el pasado 8 de octubre un juez federal concedió una suspensión definitiva para frenar de manera temporal dicha orden, luego de que Bermúdez Requena promoviera un amparo específico contra esa acción.
Las autoridades federales y estatales identifican a Bermúdez Requena, también conocido como “El Abuelo” o “Comandante H”, como presunto líder de estructuras criminales que operaron durante años en Tabasco. Entre ellas se encuentran la célula denominada “La Hermandad” o “Cártel Policiaco”, vinculada con actividades como el tráfico de migrantes, la distribución de drogas, la trata de personas y el control ilegal de antros y bares.
La Barredora y su vínculo con el CJNG
De acuerdo con las investigaciones oficiales, tras disputas con el Cártel del Golfo, estas estructuras se habrían aliado con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Esa alianza derivó en la fragmentación del grupo original y en el surgimiento de “La Barredora”, organización que presuntamente quedó bajo el liderazgo de Hernán Bermúdez Requena.
A este grupo se le atribuyen delitos como el robo de hidrocarburos, la venta de droga, el tráfico de migrantes, el comercio ilegal de armas de fuego y diversas modalidades de extorsión. Las autoridades consideran que estas actividades consolidaron una red criminal con amplio control territorial y capacidad operativa en la región.
La negativa del amparo mantiene sin cambios la situación jurídica del exfuncionario y refuerza la postura del Poder Judicial de que existen elementos suficientes para que enfrente el proceso privado de la libertad. Mientras tanto, los distintos expedientes en su contra continúan su curso, en un caso que se ha convertido en uno de los más relevantes por el presunto vínculo entre estructuras de seguridad pública y el crimen organizado.
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