El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador morenista Enrique Inzunza comparecieron ante la Fiscalía General de la República en medio de investigaciones relacionadas con acusaciones surgidas en Estados Unidos sobre presuntos vínculos de actores políticos sinaloenses con estructuras criminales. Ambos reaparecieron públicamente después de días de presión política y mediática. Tras rendir declaración ministerial, rechazaron los señalamientos y aseguraron que colaborarán con las autoridades mexicanas.
Rocha Moya reaparece y asegura que dará la cara
La comparecencia ocurrió junto con otros seis funcionarios y exfuncionarios relacionados con investigaciones abiertas por autoridades estadounidenses. Aunque la FGR no confirmó delitos específicos ni posibles imputaciones, el caso ya se convirtió en uno de los episodios políticos más delicados para Morena en Sinaloa.
Rubén Rocha Moya acudió en calidad de gobernador con licencia y posteriormente publicó un mensaje donde afirmó que compareció “con la frente en alto”. Además, aseguró que continuará defendiendo su posición ante las acusaciones difundidas desde Estados Unidos.
“No dejaré de luchar porque la verdad prevalezca”, expresó el político sinaloense después de rendir declaración ante la Fiscalía General de la República.
Por su parte, Enrique Inzunza confirmó que acudió personalmente ante las autoridades federales y negó cualquier vínculo con organizaciones criminales. El senador morenista también reiteró que no solicitará licencia a su cargo y continuará participando en actividades legislativas.
El legislador afirmó que confía en las instituciones mexicanas y sostuvo que está dispuesto a colaborar con cualquier investigación ministerial relacionada con el caso.
Hasta ahora, la Fiscalía General de la República mantiene bajo reserva los detalles oficiales sobre las comparecencias y no ha informado si existen carpetas judicializadas o solicitudes de captura relacionadas con los involucrados.
Investigaciones de EU elevan tensión política en México
Las comparecencias derivan de investigaciones y expedientes abiertos en Estados Unidos relacionados con presuntos vínculos entre operadores políticos y estructuras criminales asentadas en Sinaloa.
Aunque las autoridades mexicanas no han confirmado oficialmente el contenido completo de las acusaciones, el caso incrementó la presión política sobre figuras relevantes de Morena en la entidad.
Analistas consideran que la situación podría generar tensiones diplomáticas entre México y Estados Unidos debido al creciente intercambio de información relacionado con narcotráfico, lavado de dinero y redes criminales.
Además, especialistas advierten que las investigaciones estadounidenses suelen provocar impactos políticos inmediatos en México incluso antes de que existan acusaciones formales dentro del sistema judicial nacional.
Durante los últimos años, agencias estadounidenses fortalecieron investigaciones relacionadas con financiamiento criminal, tráfico de drogas sintéticas y presuntos nexos entre organizaciones delictivas y actores políticos mexicanos.
El caso también ocurre en un contexto de alta violencia en Sinaloa, estado que enfrenta disputas internas entre grupos criminales y presión internacional por el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos.
Hasta el momento, ni el gobierno federal ni la presidenta Claudia Sheinbaum emitieron una postura amplia sobre las comparecencias realizadas ante la FGR.
Caso sacude a Morena en Sinaloa
La comparecencia de Rocha Moya e Inzunza provocó reacciones inmediatas dentro del escenario político nacional debido al peso que ambos mantienen en Morena y en la estructura política sinaloense.
Especialistas consideran que el caso podría afectar el equilibrio interno del partido en Sinaloa, especialmente si las investigaciones avanzan o surgen nuevos nombres relacionados con las indagatorias estadounidenses.
Además, advierten que el tema podría convertirse en uno de los principales focos de confrontación política durante los próximos meses debido al impacto mediático y judicial que genera cualquier investigación relacionada con crimen organizado.
Mientras tanto, la Fiscalía General de la República mantiene abiertas las investigaciones y no descartó continuar citando a otros actores políticos conforme avance el intercambio de información con autoridades estadounidenses.
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