Los gobernadores morenistas de Sonora, Alfonso Durazo, y de Tamaulipas, Américo Villarreal, quedaron en el centro de una nueva controversia binacional luego de que medios estadounidenses reportaran que el Gobierno de Estados Unidos les retiró sus visas por presuntas investigaciones relacionadas con crimen organizado.
La información fue publicada este miércoles por Los Angeles Times y Puente News, que citaron fuentes cercanas a los casos. Según esos reportes, ambos mandatarios estatales estarían bajo investigación por supuestos vínculos con organizaciones criminales.
Las publicaciones también señalaron que los políticos habrían ingresado recientemente a territorio estadounidense mediante autorizaciones especiales utilizadas en ciertos casos de cooperación judicial. Hasta el momento, ninguna autoridad estadounidense ha emitido un pronunciamiento oficial público sobre las presuntas investigaciones.
Tras difundirse la noticia, tanto el Gobierno de Sonora como el de Tamaulipas rechazaron categóricamente la información.
Alfonso Durazo calificó los señalamientos como “una nota más, sin fuentes”, y negó cualquier relación con grupos criminales. El gobernador sonorense sostuvo que no existe ninguna investigación formal en su contra y aseguró que su trayectoria pública es conocida.
“Si hubiese la menor corruptela o complicidad, ustedes hubiesen sido los primeros en enterarse”, declaró ante medios de comunicación.
Por su parte, el director de Comunicación Social del Gobierno de Tamaulipas, Gerardo Algarín, rechazó la publicación y afirmó que no existen documentos, expedientes ni pruebas verificables que sustenten las acusaciones difundidas.
Sheinbaum pide aclarar el caso tras polémica internacional
La presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó este miércoles a las versiones periodísticas y señaló que los gobernadores deberán aclarar la situación.
Durante su conferencia matutina, la mandataria expresó inconformidad por la filtración de información relacionada con posibles cancelaciones de visas y cuestionó la manera en que el tema se hizo público.
“Todos tenemos derecho, al menos, a la duda”, declaró Sheinbaum, quien además insistió en que las autoridades mexicanas mantienen acciones contra el crimen organizado y han presentado resultados en materia de seguridad.
La polémica ocurre en un contexto de tensión constante entre México y Estados Unidos desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.
El mandatario estadounidense ha endurecido su discurso sobre seguridad fronteriza y narcotráfico, además de insistir públicamente en que los cárteles mantienen fuerte influencia en territorio mexicano.
El gobierno mexicano ha rechazado reiteradamente esas afirmaciones y sostiene que existen avances en reducción de homicidios y combate a grupos criminales.
Crecen presiones de Washington sobre funcionarios mexicanos
El caso de Durazo y Villarreal se suma a otros episodios recientes relacionados con presuntas investigaciones estadounidenses contra políticos mexicanos.
Desde finales de abril, autoridades estadounidenses señalaron a diversos funcionarios de Sinaloa por posibles vínculos con crimen organizado, entre ellos el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.
Aquellas acusaciones provocaron fuertes tensiones diplomáticas y un rechazo inmediato del gobierno mexicano, que cuestionó la falta de pruebas públicas contundentes.
Especialistas consideran que el retiro de visas se ha convertido en una herramienta de presión política y diplomática utilizada por Washington en temas relacionados con seguridad y narcotráfico.
Versiones periodísticas han señalado que al menos 50 funcionarios mexicanos de distintos partidos habrían perdido visas estadounidenses durante los últimos meses.
Entre los nombres mencionados anteriormente aparecen figuras políticas de Morena, PRI y otros partidos.
Analistas también advierten que este tipo de señalamientos pueden impactar políticamente tanto a gobiernos estatales como a la administración federal, especialmente en un momento donde la relación bilateral enfrenta tensiones por seguridad, migración y comercio.
Hasta ahora, Estados Unidos no ha revelado oficialmente expedientes ni acusaciones judiciales formales contra los gobernadores mencionados.
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