La controversia por los límites entre Quintana Roo y Yucatán permanece sin una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mientras tanto, representantes indígenas sostienen que la reciente reforma al artículo 2 constitucional fortalece el derecho de las comunidades a decidir a qué entidad desean pertenecer.
La disputa territorial entre Quintana Roo y Yucatán continúa sin una definición jurídica definitiva, pese a los decretos emitidos por el gobierno yucateco sobre la atención administrativa de varias comunidades ubicadas en la zona limítrofe. Para representantes de la Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía (ANIPA), el conflicto deberá resolverse en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), instancia que mantiene pendiente la controversia constitucional relacionada con este caso.
Hermelindo Be Cituk, coordinador estatal de ANIPA, señaló que actualmente no existe una resolución del máximo tribunal del país que modifique la situación jurídica del territorio en disputa, por lo que consideró que cualquier definición deberá surgir del fallo que emita la Corte.
Además, destacó que el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) mantiene registradas a las comunidades de Punta Laguna y Campamento Hidalgo dentro del territorio geográfico de Playa del Carmen, Quintana Roo, un elemento que, dijo, también forma parte del contexto del diferendo.
La controversia volvió a cobrar relevancia tras la publicación de los Decretos 208 y 210 en el Diario Oficial del Estado de Yucatán, mediante los cuales esa entidad establece que diversas localidades continuarán siendo atendidas por autoridades yucatecas.
Entre ellas se encuentran Punta Laguna, Villa Guadalupe, Campamento Hidalgo y Bolmay, vinculadas administrativamente con el municipio de Chemax, así como Villahermosa, Cruz-Chen y San Salvador, correspondientes a Chichimilá. Estas comunidades forman parte del denominado Punto de Unión Territorial (PUT), origen de la controversia constitucional 226/2019.
Reforma constitucional fortalece derechos de los pueblos indígenas
Hermelindo Be Cituk consideró que la reciente reforma al artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos incorpora un elemento adicional al debate, al reconocer mayores derechos de autonomía y libre determinación para los pueblos y comunidades indígenas.
En ese contexto, sostuvo que las comunidades involucradas podrían expresar su decisión respecto a la entidad federativa a la que desean pertenecer, siempre dentro del marco legal que determine la resolución judicial correspondiente.
El representante indígena explicó que este diferendo no es un asunto reciente, sino un conflicto territorial que se ha prolongado durante más de tres décadas y que ha involucrado tanto a autoridades estatales como federales.
Asimismo, señaló que las comunidades mantienen interés en que exista una resolución definitiva que otorgue certeza jurídica sobre los límites territoriales y administrativos de la región.
Congreso y sociedad civil mantienen seguimiento al conflicto
Be Cituk recordó que en Quintana Roo existe una Comisión de Defensa de los Límites y Asuntos Fronterizos del Congreso del Estado, presidida por el diputado Filiberto Martínez Méndez, que da seguimiento al tema.
Además, indicó que una comisión ciudadana también participa en el análisis y acompañamiento del proceso relacionado con los límites entre ambas entidades.
Para el representante de ANIPA, la participación de instituciones, legisladores y organizaciones sociales refleja la relevancia que mantiene este diferendo para las comunidades asentadas en la zona limítrofe.
La decisión final corresponde a la Suprema Corte
Hermelindo Be Cituk insistió en que será la Suprema Corte de Justicia de la Nación la instancia encargada de resolver de manera definitiva la controversia constitucional 226/2019 y definir los límites territoriales en disputa.
Mientras ese fallo no sea emitido, consideró que el conflicto permanecerá abierto y continuará generando distintas interpretaciones sobre la administración y atención de las comunidades involucradas.
La resolución del máximo tribunal será determinante para otorgar certeza jurídica tanto a las autoridades de Quintana Roo y Yucatán como a los habitantes de las localidades comprendidas dentro del Punto de Unión Territorial.
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