La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó la lista de 956 candidatos al Poder Judicial enviada por el Senado de la República, al no alcanzar los ocho votos necesarios para su aprobación.
Esta decisión deja al Poder Judicial en una situación de incertidumbre, ya que los candidatos no podrán ser incluidos en las boletas para la elección judicial programada para el 1 de junio de 2025.
Antecedentes del conflicto
Este rechazo es resultado de una serie de eventos que han generado tensiones entre el Legislativo y el Judicial:
- Renuncia del Comité de Evaluación del Poder Judicial: La selección de candidatos originalmente correspondía a este comité. Sin embargo, sus cinco integrantes renunciaron luego de que juzgados de amparo ordenaran suspensiones que hacían inviable la tarea encomendada.
- Intervención del Senado: Ante la falta de un comité evaluador, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) facultó al Senado para asumir la selección de candidatos. Morena, el partido en mayoría, implementó un sorteo para definir a los aspirantes, sin aplicar un proceso de evaluación y entrevistas.
- Enfrentamiento con la SCJN: La decisión del Senado generó críticas por posibles violaciones constitucionales. La SCJN, en su rol de garante de la legalidad, determinó que el proceso no cumplía con los requisitos necesarios para asegurar la idoneidad de los aspirantes.
Consecuencias para el Poder Judicial
El rechazo de la lista de candidatos abre un panorama incierto para la conformación del Poder Judicial:
- Falta de representación en las elecciones judiciales: Sin candidatos aprobados, el proceso electoral enfrenta un posible retraso o una reorganización de las reglas.
- Nuevo choque entre poderes: La negativa de la SCJN aviva el conflicto con el Senado, dominado por Morena, y podría desencadenar nuevas reformas impulsadas por el gobierno de Claudia Sheinbaum.
- Revisión del procedimiento de selección: Se espera que el Senado deba replantear el mecanismo para elegir a los candidatos, considerando las objeciones de la SCJN y posibles nuevas impugnaciones legales.
Con esta decisión, la Suprema Corte subraya su papel como árbitro de la constitucionalidad en un contexto de cambios y tensiones en la estructura judicial del país.
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