La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó una iniciativa ante la Cámara de Senadores para reformar la Constitución, con el objetivo de incluir el delito de terrorismo dentro de los casos que ameritan prisión preventiva oficiosa y endurecer las sanciones contra quienes trafiquen armas de manera ilegal en el país.
La propuesta busca modificar el Artículo 19 constitucional, estableciendo penas más severas para nacionales y extranjeros involucrados en la fabricación, distribución, traslado e internación ilícita de armas en México. Asimismo, plantea sanciones para extranjeros que realicen acciones que atenten contra la soberanía nacional, como golpes de Estado, injerencias en elecciones o violaciones al territorio mexicano por tierra, agua, mar o espacio aéreo.
Rechazo a la intervención extranjera en seguridad
Además, la iniciativa propone la modificación del Artículo 40 constitucional para blindar la soberanía nacional y evitar la injerencia de países extranjeros en la investigación y persecución de delitos dentro del territorio mexicano sin la autorización expresa del gobierno.
En el documento, la mandataria subraya que México no aceptará ninguna intervención externa en materia de seguridad sin la colaboración del Estado Mexicano, ya que el país prioriza la cooperación y coordinación internacional, pero sin caer en la subordinación.
“La historia nos ha enseñado que la soberanía es un principio inquebrantable y que no permitiremos intromisiones que vulneren la independencia de nuestro país”, señala la exposición de motivos.
La propuesta fue turnada a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos para su análisis y posible aprobación.
Respuesta a la designación de cárteles como organizaciones terroristas
El anuncio de esta reforma se da en un contexto en el que el gobierno de Estados Unidos decidió designar a los principales cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés), una medida unilateral que Sheinbaum calificó como una decisión tomada sin consulta previa con México.
“Esta designación de terroristas de los grupos delincuenciales en México, los llamados cárteles, es una decisión que toma Estados Unidos, no es una decisión que hayan consultado con nosotros”, afirmó la presidenta.
Sin embargo, descartó que la medida de Washington pueda justificar una eventual intervención estadounidense en el territorio mexicano.
“Ellos pueden ponerles el nombre que ellos decidan, pero con México es colaboración y coordinación, nunca subordinación, no injerencismo y menos invasión”, enfatizó.
México ampliará demanda contra fabricantes de armas
Como parte de la estrategia para combatir el tráfico de armas hacia México, la presidenta anunció que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ampliará la demanda contra fabricantes y distribuidoras de armas en Estados Unidos, argumentando su responsabilidad en el abastecimiento de armamento a grupos criminales en territorio mexicano.
“Dado este nombramiento, pues tiene que haber un vínculo entre quién le vende las armas a estos grupos delictivos que hoy han sido catalogados con este nombre por parte de los Estados Unidos”, explicó Sheinbaum.
En este contexto, recordó el fracaso del operativo estadounidense «Rápido y Furioso», en el cual el gobierno de Estados Unidos vendió armas a criminales con la intención de rastrearlas, pero perdió el control sobre ellas.
“Supuestamente pusieron chips a las armas para ver dónde terminaban, pero luego ya no sabían dónde estaban los chips. Y nadie fue juzgado por eso, por un acto de ese nivel de criminalidad”, criticó.
Un mensaje de firmeza ante la relación con EE. UU.
La reforma propuesta por Claudia Sheinbaum refuerza la postura de México en defensa de su soberanía y responde a la creciente presión de Estados Unidos para endurecer el combate al narcotráfico. Mientras que Washington busca ampliar sus mecanismos de persecución contra los cárteles, el gobierno mexicano reafirma que cualquier acción en materia de seguridad debe estar bajo control del Estado Mexicano y no ser impuesta desde el extranjero.
El debate sobre esta reforma en el Senado será clave para definir hasta dónde puede llegar México en la protección de su soberanía en un contexto en el que el crimen organizado y el tráfico de armas siguen siendo temas centrales en la relación bilateral con Estados Unidos.
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