La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, presentó ante el Congreso una iniciativa para reformar el artículo 182 del Código Penal estatal. Con esta propuesta se busca asegurar el derecho a la manifestación y subsanar ambigüedades surgidas de una reforma previa que generó inquietud en diversos sectores.
Recientemente, una reforma establecía que quien “obstaculizara” vías de comunicación o instalaciones de transporte podía enfrentar entre seis meses y cuatro años de prisión. Esta redacción, considerada ambigua, abría la puerta a interpretaciones que restringían el derecho a protestar.
Nuevas disposiciones del artículo 182
La iniciativa elimina la ambigüedad y protege las manifestaciones pacíficas. Según el nuevo texto, solo se sancionarán acciones que causen “destrucción o daño” en infraestructuras de comunicación o transporte, o que interrumpan servicios de emergencia. El gobierno estatal explicó que se suprimió el término “obstaculizar” para evitar interpretaciones erróneas y preservar derechos fundamentales. Además, se modificó el tipo penal de “Ataques a las Vías de Comunicación y a los Medios de Transporte” para sancionar únicamente los daños que afecten a los servicios de emergencia.
La propuesta también contempla modificaciones al artículo 107 Bis, introduciendo agravantes para delitos de homicidio y lesiones cuando las víctimas sean mayores de 60 años. La iniciativa se someterá a debate y aprobación en el Congreso estatal, y se espera que el análisis defina claramente el alcance de esta reforma y su impacto en el ejercicio del derecho a la manifestación en Quintana Roo.
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