México continúa enfrentando una crisis de violencia de género, con 241 mujeres asesinadas durante enero de 2025, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Sin embargo, solo 54 casos fueron investigados como feminicidios, mientras que el resto fueron clasificados como homicidios dolosos. Esto significa que apenas uno de cada diez asesinatos de mujeres es tratado bajo los protocolos de violencia de género.
Además, a esta cifra se suman 266 casos de homicidios culposos (accidentales), lo que eleva a 507 el número total de mujeres que perdieron la vida en circunstancias violentas en el primer mes del año. En promedio, 16 mujeres fueron asesinadas cada día en el país.
Feminicidios a la baja, pero más homicidios de mujeres
A pesar de la reducción en el número oficial de feminicidios, organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres han señalado un subregistro en las cifras oficiales, derivado de la reclasificación de los crímenes. Un estudio de Animal Político reveló que, entre 2015 y 2021, al menos 7,005 muertes violentas de mujeres cumplían con los requisitos legales para ser consideradas feminicidios, pero solo 5,725 fueron investigadas bajo esta categoría.
Las cifras del SESNSP también revelan que, en 2024, 3,427 mujeres fueron asesinadas en México, de las cuales solo 807 fueron clasificadas como feminicidios. En 2023, el total de asesinatos de mujeres fue 3,433, con 833 crímenes investigados como feminicidios. Sin embargo, el número de homicidios dolosos de mujeres aumentó, pasando de 2,600 en 2023 a 2,620 en 2024.
«De todas las mujeres asesinadas, el 50 por ciento tiene características de feminicidio», señala María de la Luz Estrada, directora del Observatorio Nacional del Feminicidio, lo que implicaría que el número real de feminicidios en México podría superar los 1,500 casos anuales.
Estados con más feminicidios en 2025
Como ha sido una constante en los últimos años, el Estado de México encabeza la lista de feminicidios en enero de 2025 con 7 casos, seguido de Puebla (5) y Morelos y Tamaulipas, con 4 víctimas cada uno.
Por su parte, Ciudad Juárez, Chihuahua, lidera el ranking de ciudades con más feminicidios, con 3 casos registrados oficialmente. Sin embargo, la Red Mesa de Mujeres advierte que la cifra real podría ser mayor, señalando un subregistro de al menos 9 víctimas.
Un informe de la periodista Liliana Torreso reveló que, hasta el 19 de febrero de 2025, en Chihuahua se habían cometido 12 asesinatos violentos de mujeres, pero solo 3 fueron catalogados como feminicidios.
Persisten las irregularidades en la clasificación de feminicidios
Las cifras muestran una disminución en el número de feminicidios registrados oficialmente, pero organizaciones civiles y expertos en el tema denuncian que esto no refleja una disminución real en la violencia feminicida, sino más bien una manipulación en la clasificación de los delitos.
El problema del subregistro y la falta de perspectiva de género en la investigación de estos crímenes sigue siendo una de las principales barreras para atender la crisis de feminicidios en México. En muchos casos, las autoridades optan por clasificar los asesinatos de mujeres como homicidios dolosos o culposos, lo que impide la aplicación de protocolos específicos para esclarecer los crímenes y sancionar a los responsables.
Frente a esta situación, diversos colectivos feministas han exigido mayor transparencia en la clasificación de los asesinatos de mujeres y un compromiso real por parte del gobierno federal y las fiscalías estatales para atender esta emergencia de violencia de género.
Conclusión
Mientras las cifras oficiales muestran una aparente disminución en los feminicidios, la realidad indica que los asesinatos de mujeres no han bajado, sino que han sido reclasificados en otras categorías. La falta de investigaciones con perspectiva de género y la impunidad en la mayoría de los casos agravan un problema que sigue cobrando la vida de miles de mujeres cada año en México.
Las organizaciones feministas continúan exigiendo acciones concretas, protocolos adecuados y voluntad política para garantizar justicia a las víctimas y prevenir más crímenes de odio contra las mujeres.
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