El pasado 27 de febrero, el Gobierno de México sorprendió al enviar a 29 criminales de alto perfil a Estados Unidos, entre los que destacan Rafael Caro Quintero, José de Jesús Méndez Vargas y los hermanos Miguel Ángel y Óscar Omar Treviño Morales. Esta acción no se trató de un proceso de extradición tradicional, sino de un traslado directo que busca desmantelar la influencia de estos capos dentro del sistema penitenciario mexicano.
Para el exdirector de Operaciones Internacionales de la DEA, Mike Vigil, la decisión fue acertada, ya que elimina la posibilidad de que estos criminales continúen operando desde prisión a través de sobornos y amenazas dirigidas a jueces y políticos.
“Es algo bueno para la justicia porque mandándolos a Estados Unidos les quitas el acceso a su infraestructura criminal, donde pueden utilizar sus redes del narcotráfico y crimen organizado para sobornar o amenazar a jueces, políticos”, explicó Vigil
Esta opinión es compartida por el periodista José Reveles y el académico Edgardo Buscaglia, quienes han señalado que mantener a estos criminales en cárceles mexicanas es una «bomba de tiempo». Sin embargo, Buscaglia advierte que esta acción no debe interpretarse como una ofrenda política para calmar las tensiones con el presidente de EE. UU., Donald Trump.
Un nuevo enfoque en la lucha contra el narcotráfico
El traslado de estos capos no fue el único acontecimiento reciente que refleja una nueva estrategia de seguridad entre México y Estados Unidos. La misma semana, el Departamento de Justicia de EE. UU. sentenció a cadena perpetua a Rubén Oseguera González, alias «El Menchito», hijo del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, «El Mencho».
Para Mike Vigil, la sentencia de «El Menchito» podría marcar el inicio de una política más agresiva en contra del narcotráfico mexicano bajo la administración de Trump.
“Los narcos mexicanos son como decía Pablo Escobar: prefería una tumba en Colombia que una cárcel en los Estados Unidos, porque llegando aquí se les acaba todo”, afirmó Vigil.
El endurecimiento de las penas para los capos mexicanos podría tener consecuencias más profundas, ya que en el caso de figuras como Ismael «El Mayo» Zambada y Rafael Caro Quintero, se está considerando la pena de muerte por los delitos cometidos. Sin embargo, Vigil advierte que no todos los jueces estadounidenses actuarán bajo la influencia de Trump.
“No todos, pero habrá algunos jueces que se van a dejar llevar por la política de Donald Trump”, puntualizó el exagente de la DEA.
¿Un cambio en la relación México-EE. UU.?
Este nuevo enfoque en la lucha contra el narcotráfico también tendrá repercusiones en la relación bilateral entre México y Estados Unidos, especialmente en el marco de la presión que el gobierno de Trump ha ejercido sobre la administración de Claudia Sheinbaum en temas de seguridad y comercio.
El envío de estos 29 criminales puede interpretarse como un gesto de cooperación por parte del gobierno mexicano, en momentos en que las tensiones comerciales han aumentado debido a la amenaza de imposición de aranceles por parte de EE. UU. Sin embargo, aún queda por ver si esta estrategia servirá para reducir la violencia en México o si simplemente trasladará el problema a las cárceles estadounidenses.
Lo cierto es que con esta acción, México ha demostrado que está dispuesto a colaborar con Estados Unidos, pero al mismo tiempo, abre el debate sobre la capacidad del país para administrar su propio sistema penitenciario y combatir eficazmente al crimen organizado dentro de su territorio.
Las próximas semanas serán clave para evaluar si este nuevo enfoque se convierte en una política a largo plazo o si responde únicamente a la coyuntura actual de la relación México-EE. UU.
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