La justicia marcó una falta grave fuera del terreno de juego. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México dictó prisión preventiva justificada contra Marco Antonio Rodríguez, conocido como “Chiquimarco”, ex árbitro del futbol mexicano, quien enfrenta un proceso penal por el presunto delito de violencia familiar. La decisión judicial se tomó tras una evaluación de riesgo que consideró antecedentes de intimidación y el posible peligro para la víctima.
La medida fue ordenada por la jueza Carolina Bernal, quien determinó que el imputado no podía continuar el proceso en libertad, como lo hacía desde 2023 bajo medidas cautelares. De acuerdo con el fallo, Rodríguez deberá presentarse de manera voluntaria en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte a más tardar el 26 de diciembre. En caso de incumplimiento, se activará una orden de aprehensión en su contra.
El resolutivo se dio a conocer luego de que el Ministerio Público solicitara la modificación de las condiciones bajo las cuales el ex silbante enfrentaba el proceso. La petición se sustentó en denuncias de amenazas directas contra su ex pareja, Alva Neri Hernández, así como en el incumplimiento de obligaciones judiciales previas.
Según información difundida por la periodista Beatriz Pereyra, de Proceso, la defensa de la víctima confirmó que la jueza consideró agotadas las opciones menos restrictivas. La prisión preventiva fue impuesta como una medida para salvaguardar la integridad de la denunciante y garantizar el desarrollo del proceso penal sin riesgos adicionales.
Un cambio de reglas por reincidencia y desacato
El caso contra Marco Antonio Rodríguez se remonta a 2023, cuando fue vinculado a proceso por presuntos actos de violencia física y psicoemocional. En ese momento, el juez de control permitió que enfrentara el juicio en libertad, sujeto a restricciones como la prohibición de contacto con la víctima y la obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad.
No obstante, la carpeta judicial 003/760/2022 documenta una serie de incidentes posteriores que llevaron a replantear esas condiciones. De acuerdo con la acusación, las amenazas no cesaron y el riesgo se mantuvo. A ello se sumó la inasistencia del imputado a una audiencia clave celebrada el pasado 18 de noviembre en la Unidad de Gestión Judicial número 3 del Poder Judicial capitalino.
Ese día, Rodríguez no se presentó ni justificó su ausencia, pese a que la jueza otorgó un plazo adicional de 45 minutos para su comparecencia. La falta fue considerada un incumplimiento directo de la suspensión provisional que hasta entonces impedía su detención, lo que terminó por inclinar la balanza en su contra.
El abogado de la víctima, Marco Antonio Chávez Vaca, explicó que esta omisión activó consecuencias legales inmediatas. Señaló que, al romperse las condiciones del amparo que mantenía suspendida la orden de captura, la autoridad quedó facultada para ejecutar la prisión preventiva.
De referente arbitral a proceso penal
Marco Antonio Rodríguez fue durante años uno de los árbitros más reconocidos del futbol mexicano, con participación en torneos nacionales e internacionales. Sin embargo, su trayectoria deportiva quedó al margen del análisis judicial, que se centró exclusivamente en los hechos denunciados y en la protección de la víctima.
Alva Neri Hernández ha sostenido públicamente que las agresiones y amenazas continuaron incluso después de concluida la relación, lo que generó un clima de temor constante. Estos elementos fueron clave en la evaluación de riesgo presentada ante la jueza.
El proceso sigue abierto y será en las próximas etapas cuando se determinen las responsabilidades penales del ex árbitro. Por ahora, la decisión judicial marca un punto de quiebre: una tarjeta roja definitiva fuera de la cancha, dictada no por un silbatazo, sino por un tribunal.
