El Congreso de Estados Unidos dio un paso más hacia la posible aplicación de un impuesto del 5% a las remesas enviadas a México, medida que podría golpear a millones de familias mexicanas. Sin embargo, analistas de Banamex prevén que su efecto sobre la economía nacional sería moderado.
El Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes aprobó este 14 de mayo el proyecto que establece el cobro del gravamen. Se espera que la propuesta se vote en el Pleno antes del 26 de mayo, para luego pasar al Senado.
De aplicarse, este impuesto podría reducir las remesas en hasta 0.1% del PIB mexicano, según estimaciones del área de análisis económico de Banamex. “El efecto sería marginal y se compensaría con el aumento proyectado de remesas en pesos reales, el más alto en los últimos cuatro años”, apuntaron.
Estados del sur, los más vulnerables al cambio fiscal
En 2024, México recibió 64 mil 746 millones de dólares por concepto de remesas, una cifra récord que representó el 3.5% del PIB y el 5% del consumo de los hogares. Según datos del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA), las entidades más dependientes de estas transferencias fueron Chiapas, Guerrero, Michoacán, Zacatecas y Oaxaca, cuyos ingresos por remesas superaron o rozaron el 10% de su producto estatal.
Con este nivel de dependencia, cualquier reducción en el envío de dinero desde EE. UU. afectaría de forma desproporcionada a estas regiones. Chiapas, por ejemplo, recibió remesas equivalentes al 14.3% de su PIB, mientras Guerrero alcanzó 13.6%, Michoacán 11.2%, Zacatecas 10.6% y Oaxaca un porcentaje apenas inferior.
No obstante, Banamex sostiene que el impacto podría suavizarse porque parte de los migrantes tendrían derecho a beneficios fiscales. De los 17.7 millones de trabajadores mexicanos en EE. UU., unos 2.5 millones son ciudadanos naturalizados. Esta condición les permitiría deducir el impuesto al momento de declarar.
Además, hay 10.2 millones de ciudadanos estadounidenses de origen mexicano que podrían seguir enviando dinero sin alterar su comportamiento, ya que recuperarían el impuesto en su declaración anual.
Así, se estima que solo unos 5 millones de trabajadores quedarían excluidos de créditos fiscales, siendo ellos los más vulnerables a los efectos del gravamen.
De prosperar en ambas cámaras del Congreso, esta iniciativa podría recaudar hasta 22 mil millones de dólares en un periodo de 10 años, de acuerdo con proyecciones preliminares.
Análisis y contexto histórico
La idea de gravar las remesas no es nueva en Estados Unidos. En las últimas dos décadas varios legisladores republicanos han presentado proyectos semejantes, ninguno exitoso. Por ejemplo, 18 estados intentaron aprobar impuestos estatales a las remesas –casi todos fueron rechazados– y solo Oklahoma estableció en 2009 un cargo fijo de 5 dólares por envío menor a 500 USD.
A nivel federal, el senador J.D. Vance promovió en 2023 la Ley WIRED, que proponía un arancel del 10% inspirado en aquella ley estatal. El propio presidente Donald Trump había planteado en 2017 un impuesto del 2% sobre las remesas para financiar su muro fronterizo.
Estas iniciativas, justificadas como medidas de “seguridad nacional” o lucha contra el crimen, no prosperaron ante la crítica de expertos y legisladores contrarios a gravar los envíos de inmigrantes.
Manuel Orozco, director del Diálogo Interamericano, coincide en que “cualquier medida para reducir las remesas tendrá un efecto adverso” incluso en el interés nacional de Estados Unidos.
En similar sentido, representantes de organizaciones migrantes y analistas sociales señalan que gravar estos envíos perjudicaría seriamente a las familias y economías locales que dependen de ellos. En contraste, voces conservadoras argumentan que la medida serviría para castigar la migración irregular y debilitar las finanzas de redes criminales.
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