La banca mexicana se encuentra en alerta máxima luego de que CIBanco, Intercam y Vector perdieran clientes y operaciones tras las órdenes del Tesoro de Estados Unidos que los señalaron por presunto lavado de dinero vinculado a carteles de la droga. La medida, que entró en vigor este lunes 20 de octubre, ha generado un efecto dominó: otras instituciones financieras revisan y depuran sus listas de clientes, refuerzan controles internos y mantienen comunicación constante con reguladores nacionales y estadounidenses para evitar convertirse en el próximo objetivo.
Funcionarios del Tesoro han subrayado que no habrá tolerancia para quienes faciliten operaciones vinculadas con el narcotráfico, particularmente el tráfico de fentanilo. La orden, emitida en junio y aplicada recientemente, forma parte de la Ley “Fend Off Fentanyl” de 2025, y fue la primera vez que se usó la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) para sancionar bancos mexicanos.
“Nadie quiere ser el siguiente, porque una vez que se hace pública la designación, se convierte en una amenaza existencial”, afirmó Craig Timm, experto en antilavado de dinero, sobre los casos de CIBanco, Intercam y Vector. Las tres firmas han sido desmanteladas y sus activos y clientes transferidos a otras instituciones: Kapital Bank adquirió parte de Intercam, Finamex asumió algunos activos de Vector, mientras que BanCoppel compra la cartera de préstamos automotrices de CIBanco. Banco Multiva asumirá su negocio fiduciario, crítico para fideicomisos de capital privado e inmobiliarios.
Impacto en fideicomisos y confianza del mercado
Aunque la intervención estadounidense minimizó el riesgo para el sistema bancario —ya que CIBanco e Intercam representan menos del 2% de los activos de la banca comercial—, la pérdida del negocio fiduciario de CIBanco ha provocado que inversionistas en México y Estados Unidos busquen nuevos fiduciarios, evitando conflictos legales y manteniendo la operación de sus vehículos de inversión.
La acción forma parte de un enfoque más amplio de la administración de Donald Trump para combatir los carteles de droga, utilizando herramientas financieras de alto alcance con un umbral bajo para su aplicación. No existe mecanismo de apelación contra las órdenes de FinCEN, y aunque la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que EU no presentó pruebas concluyentes, los bancos han implementado sanciones internas y ajustado procedimientos para cumplir con la regulación y evitar riesgos futuros.
El caso refleja un cambio significativo en la forma en que la banca mexicana debe operar, con mayor transparencia y supervisión frente a la presión de los reguladores internacionales, y marca un precedente sobre cómo las instituciones financieras podrían verse afectadas por acciones extraterritoriales vinculadas al combate al narcotráfico.
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