La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) revocó la autorización de CIBanco para operar como institución financiera en México, tras los señalamientos del Departamento del Tesoro de EE. UU., que lo vinculó con operaciones de lavado de dinero relacionadas con el narcotráfico. La medida marca el fin de una de las entidades con más de dos décadas de presencia en el sistema financiero mexicano.
IPAB garantiza protección de ahorros y anuncia pago a partir del 13 de octubre
El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) informó que los depósitos de los clientes estarán protegidos conforme a la ley, y el pago de las obligaciones garantizadas comenzará el lunes 13 de octubre. Cada ahorrador tendrá cobertura de hasta 400 mil unidades de inversión (UDIs), equivalentes a 3.42 millones de pesos (alrededor de 186 mil dólares).
En un comunicado, el organismo precisó que “derivado de la revocación de la autorización para organizarse y operar como institución de banca múltiple a CIBanco por parte de la CNBV, el IPAB iniciará el pago de las obligaciones garantizadas a las personas ahorradoras”.
Por su parte, la CNBV explicó que la revocación se dio “a raíz de un acuerdo tomado por su asamblea general de accionistas”, ya que los propietarios del banco solicitaron la disolución voluntaria como “la mejor opción para proteger los intereses de sus clientes”.
Señalamientos del Tesoro estadounidense y presión internacional
La decisión ocurre apenas diez días antes de que entren en vigor las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de EE. UU., que en junio pasado identificó a CIBanco, Vector Casa de Bolsa e Intercam Banco como entidades financieras presuntamente implicadas en una red internacional de lavado de dinero vinculada al tráfico de fentanilo.
Según el gobierno estadounidense, dichas instituciones facilitaron operaciones financieras irregulares y el movimiento de capitales provenientes del narcotráfico entre México, Estados Unidos y otros países de América Latina. Aunque CIBanco negó los señalamientos, las investigaciones presionaron su estructura financiera y deterioraron su reputación en los mercados.
Impacto en el sistema financiero mexicano
Expertos consultados por medios nacionales consideraron que la salida de CIBanco no representa un riesgo sistémico para la banca mexicana, pero sí un “mensaje contundente” sobre el endurecimiento de los controles regulatorios y la vigilancia internacional sobre las operaciones financieras del país.
“La revocación voluntaria de CIBanco ocurre en un contexto de mayor cooperación entre las autoridades financieras mexicanas y las estadounidenses, especialmente en el combate al lavado de dinero ligado al fentanilo”, señaló un analista de la firma KPMG México.
A su vez, la CNBV reafirmó que continuará “supervisando rigurosamente a todas las entidades del sistema financiero para preservar la estabilidad y confianza del público ahorrador”.
Vector e Intercam también bajo la lupa
La decisión de la CNBV se suma a los recientes movimientos de Vector Casa de Bolsa e Intercam Banco, que acordaron traspasar sus cuentas de inversión y vender sus operadoras de fondos a Finamex, como parte de su reestructuración ante las investigaciones del Tesoro estadounidense.
El caso de CIBanco, sin embargo, marca el primer desenlace de cierre total entre las instituciones señaladas, lo que refleja el impacto directo de las sanciones internacionales en el sistema bancario mexicano.
Panorama de transición y próximos pasos
En los próximos días, el IPAB y la CNBV coordinarán el proceso de liquidación de activos y la restitución de los depósitos asegurados. Las oficinas del banco permanecerán cerradas hasta que se concluya el pago a los usuarios y el traspaso de operaciones pendientes.
El cierre de CIBanco, fundado en 2008 como institución especializada en banca verde y financiera sustentable, deja un vacío dentro del segmento de banca alternativa en México. Su liquidación pone fin a uno de los proyectos más ambiciosos en materia de finanzas ecológicas, aunque las autoridades mexicanas insisten en que la medida busca “proteger la estabilidad del sistema financiero y la confianza del público”.
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