En medio de una sesión marcada por gritos, tomas de tribuna y acusaciones de corrupción, la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Ingresos 2026 con una cifra histórica: más de 10 billones de pesos en ingresos fiscales y un endeudamiento interno neto de 1.78 billones. La votación evidenció la división política: Morena, PT y el Partido Verde avalaron el dictamen con 352 votos, mientras PAN, PRI y Movimiento Ciudadano sumaron 128 en contra.
Más ingresos, más deuda y una economía en tensión
El paquete económico 2026 contempla ingresos totales por 10 billones 193 mil 683 millones de pesos, es decir, 891 mil 667 millones más que en 2025. Sin embargo, detrás de ese incremento hay un nuevo nivel de endeudamiento, el mayor en lo que va del siglo. De acuerdo con el dictamen, el marco macroeconómico proyecta un crecimiento del PIB entre 1.8% y 2.8%, un tipo de cambio promedio de 19.3 pesos por dólar, una producción petrolera de 1.8 millones de barriles diarios y un precio de 54.9 dólares por barril.
Los ingresos petroleros sumarán 1.2 billones de pesos, un aumento de 62 mil millones respecto al año previo. Los ingresos no petroleros alcanzarán 7.5 billones, 603 mil millones adicionales a lo estimado para 2025. En tanto, los ingresos tributarios subirán hasta 5.8 billones, impulsados por un aumento en la recaudación del ISR, que alcanzará 3 billones; el IVA, con 1.58 billones; y los impuestos a la importación, con 254 mil millones.
La oposición, sin embargo, acusó que el proyecto es “recaudatorio y opaco”. Legisladores del PAN y del PRI denunciaron que el gobierno está usando el discurso del bienestar para justificar una deuda que terminará en 20.2 billones de pesos al cierre de 2026.
Cambios fiscales y nuevas reglas para bancos y contribuyentes
El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, explicó que uno de los principales cambios consiste en que los bancos deberán someterse a las mismas reglas que cualquier contribuyente respecto a la deducibilidad de créditos incobrables. “Se establecen criterios claros y transparentes para acreditar la imposibilidad de cobro”, aseguró.
Otro ajuste relevante amplía a seis meses el plazo para que los contribuyentes puedan acreditar la procedencia de sus recursos cuando interpongan un recurso de revocación fiscal. Además, si la autoridad resuelve el caso dentro de ese periodo, se otorgarán diez días adicionales para cubrir el pago correspondiente.
El diputado del Partido Verde, Carlos Alberto Puente, defendió que las modificaciones “mejoran la seguridad jurídica y la capacidad de defensa de los contribuyentes”. No obstante, la oposición respondió que estas medidas no compensan lo que consideran un incremento indirecto de impuestos y una intromisión en la privacidad fiscal de los ciudadanos.
Polémica por el aumento al IEPS y vigilancia digital del SAT
Uno de los puntos más controvertidos fue el aumento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a refrescos y bebidas azucaradas. Diputados de oposición aseguraron que se trata de una medida “regresiva” que golpea directamente a los consumidores.
Además, denunciaron que la reforma faculta al SAT a tener acceso en tiempo real a la información de las plataformas digitales, lo que consideraron un riesgo para la privacidad de los mexicanos. “Es un paquete que traiciona al pueblo, porque crea nuevos impuestos y permite al fisco espiar a los contribuyentes”, acusó Héctor Saúl Téllez, vicecoordinador de asuntos económicos.
Durante la sesión, los ánimos se encendieron cuando el morenista Alfonso Ramírez Cuéllar retó desde la tribuna a Rubén Moreira, Federico Döring y Margarita Zavala a debatir públicamente sobre los niveles de endeudamiento. Los opositores respondieron que los gobiernos de Morena “han duplicado la deuda nacional en siete años” y que el discurso de austeridad “ya no tiene sustento”.
El dictamen fue turnado al Senado, que deberá ratificarlo a más tardar el 31 de octubre. Aunque el oficialismo celebró el avance, economistas advierten que el margen de maniobra del país se estrecha peligrosamente, y que la deuda pública podría superar el 50% del PIB si las condiciones globales se deterioran.
También te puede interesar: Ricardo Salinas Pliego insinúa aspiraciones presidenciales durante su cumpleaños 70
