El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inició la primera subasta de derechos de perforación petrolera y gasífera en el Golfo de México desde 2023, un movimiento que marca el regreso a una política agresiva de expansión energética. La venta de arrendamientos, considerada una prueba clave para medir el apetito actual de la industria, se produce en un contexto de precios del crudo a la baja y bajo una ley fiscal que reduce significativamente las regalías que debe pagar el sector privado. La subasta forma parte de un paquete de 30 ventas ordenadas por la nueva legislación impulsada por la administración Trump, con el objetivo explícito de aumentar la producción nacional de combustibles fósiles y revertir las restricciones adoptadas en el gobierno de Joe Biden.
Trump apuesta por una expansión energética mientras bajan los precios del crudo
El Gobierno ofreció 81.2 millones de acres en el Golfo de México con una tasa de regalías del 12.5%, la más baja permitida bajo la ley fiscal aprobada en julio. Este cambio representa un giro abrupto respecto al esquema anterior, que bajo la Ley de Reducción de la Inflación de 2022 obligaba a las empresas a pagar un mínimo del 16.66% en regalías. La administración Trump sostiene que la reducción busca estimular la participación del sector, especialmente en un año donde el precio del crudo estadounidense cayó cerca del 20%.
La Oficina de Gestión de Energía Oceánica (BOEM) detalló que la subasta atrajo el interés de 26 compañías, que presentaron 219 ofertas por un total de 1.02 millones de acres, apenas el 1.3% del territorio disponible. Aunque la cifra refleja cautela, el gobierno confía en que las nuevas condiciones fiscales y los avances tecnológicos en perforación en aguas profundas aumenten gradualmente la producción del Golfo.
La producción en alta mar representa alrededor del 15% del total nacional. Sin embargo, en los últimos años quedó rezagada frente al auge del petróleo de esquisto, que requiere menores tiempos de desarrollo y costos iniciales más bajos. La industria observa la subasta como un termómetro clave para medir si el sector está dispuesto a apostar nuevamente por proyectos de desarrollo más largos.
Una venta masiva con baja participación en comparación con 2023
La subasta actual contrasta con la venta celebrada en 2023, que registró 352 ofertas de las mismas 26 empresas participantes y cubrió 1.73 millones de acres. Aquel proceso recaudó 382 millones de dólares, el monto más alto para una venta federal en alta mar desde 2015. Ahora, pese a la oferta significativamente más amplia de áreas, el interés se redujo en número de acres reclamados, reflejando un mercado más cauteloso.
La BOEM informó que las ofertas recibidas se leerán públicamente en una transmisión en vivo en su sitio web. El resultado final servirá para evaluar si la baja en regalías y los incentivos fiscales bastan para revertir el menor dinamismo del sector en alta mar.
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