El Gobierno de México acotó la vigencia de la Garantía Fiscal otorgada a la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) para la realización del Mundial de Futbol 2026, limitando su aplicación exclusivamente al ejercicio fiscal de ese año y no hasta 2028, como se había establecido originalmente. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que esta modificación se logró mediante un acuerdo con la FIFA, sin necesidad de recurrir a litigios o controversias legales, y representa un ajuste relevante en la política fiscal vinculada al evento deportivo.
La Garantía Fiscal fue extendida originalmente durante la administración de Enrique Peña Nieto como parte de los compromisos asumidos por México para obtener la sede conjunta del Mundial de Futbol 2026 junto con Estados Unidos y Canadá. Dicho instrumento contemplaba exenciones generales de impuestos federales y locales, así como la eliminación de diversos procesos de control y administrativos aplicables a la FIFA, sus subsidiarias, asociaciones miembros, proveedores, contratistas y cualquier tercero relacionado con la organización del torneo.
Con el nuevo acuerdo alcanzado por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, estos beneficios fiscales y administrativos quedarán vigentes únicamente durante 2026, el año en que se celebrará la Copa Mundial en territorio mexicano. La SHCP precisó que la limitación se estableció a través de la norma habilitante incluida en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2026, aprobada por el Poder Legislativo en octubre pasado.
Alcances y límites de la Garantía Gubernamental
El documento de la Garantía Gubernamental establece que las disposiciones contenidas en dicho instrumento son jurídicamente vinculantes, plenamente válidas y exigibles, incluso ante cambios de gobierno o modificaciones a las leyes y reglamentos. No obstante, el gobierno federal determinó acotar su vigencia temporal, reduciendo el periodo de aplicación originalmente proyectado hasta 2028.
Actualmente, los beneficios fiscales derivados de esta garantía aplican únicamente a los sujetos directamente involucrados en la organización y celebración de la Copa Mundial de Futbol 2026. Entre estos beneficios se encuentran la liberación de ciertas obligaciones formales, de pago, traslado, retención, recaudación y entero previstas en las leyes fiscales mexicanas.
La SHCP advirtió que las contrapartes que no estén incluidas de manera directa en la norma habilitante, pero que participen en juegos y eventos relacionados con el Mundial dentro del territorio nacional, sí deberán cumplir con el pago del Impuesto sobre la Renta (ISR). Esta precisión busca evitar interpretaciones amplias que extiendan los beneficios fiscales a actores no contemplados expresamente en el acuerdo.
Las autoridades federales subrayaron que los límites impuestos a la aplicación de la Garantía Fiscal se alcanzaron mediante acuerdos con la FIFA, sin que fuera necesario iniciar procedimientos legales. Este punto fue destacado como una señal de cooperación entre el gobierno mexicano y el organismo rector del futbol mundial.
Impacto económico y expectativas oficiales
De acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Turismo, la celebración de la Copa Mundial de Futbol 2026 reforzará la imagen de México como potencia turística a nivel internacional. Las proyecciones oficiales señalan que el evento podría atraer a más de 5.5 millones de turistas extranjeros adicionales y generar una derrama económica de hasta 3 mil millones de dólares en divisas.
Además del impacto en el sector turístico, el gobierno federal prevé que el Mundial impulse el empleo y dinamice diversas actividades económicas, especialmente en las ciudades sede. No obstante, el ajuste a la Garantía Fiscal refleja la intención de equilibrar los beneficios económicos esperados con la protección de la recaudación fiscal y el marco legal vigente.
El acotamiento de los beneficios hasta 2026 marca una diferencia respecto a compromisos asumidos en administraciones anteriores y abre el debate sobre el alcance de los incentivos fiscales otorgados para eventos internacionales. Para el gobierno actual, el objetivo es garantizar que los beneficios extraordinarios se limiten al periodo estrictamente necesario para la realización del Mundial.
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