La liquidación del Consejo de Asistencia al Microemprendedor (CAME) tendrá un efecto inmediato sobre el Fondo de Protección de Sociedades Financieras Populares y de Protección a sus Ahorradores (Prosofipo), advirtió Moody’s Local. El organismo señaló que el pago a los clientes de la Sofipo absorberá una parte significativa de los recursos disponibles, lo que compromete la capacidad del fondo para enfrentar futuras contingencias dentro del sector.
CAME fue intervenida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en junio pasado debido a problemas de insolvencia, y el 22 de septiembre la autoridad financiera anunció la revocación de su licencia. Con ello, se activó la cobertura de Prosofipo, que garantiza la devolución de hasta 25 mil UDIS por persona, equivalentes a unos 219 mil pesos. Según cifras oficiales, esta medida permitirá cubrir a más del 99.5 por ciento de los 169 mil 564 ahorradores afectados.
No obstante, Moody’s advirtió que el uso de este mecanismo dejará al fondo con recursos limitados. El saldo reportado a diciembre de 2024 fue de 597 millones de pesos, frente a una captación de 1,697.7 millones. Esto equivale a un pago promedio de 10 mil pesos por cliente en junio de 2025, lo que refleja un desbalance que podría volverse crítico si otras Sofipos enfrentan dificultades similares.
Un golpe para la solidez del sistema de ahorro popular
El análisis de Moody’s plantea que sin medidas adicionales, el Prosofipo quedará debilitado para proteger a los depositantes de otras sociedades financieras en caso de liquidaciones futuras. Actualmente, el saldo promedio de captación de las Sofipos es de 1,822 millones de pesos, con al menos seis instituciones que superan ese umbral, lo que aumenta el riesgo de que los recursos disponibles resulten insuficientes en un escenario de crisis.
El informe resalta que “ahora el sistema Sofipo tiene el reto de reabastecer el fondo que garantiza esa cobertura”. Para ello, las opciones más viables serían aportaciones extraordinarias de las propias Sofipos y del gobierno federal. Esta posibilidad está contemplada en el artículo 101 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular.
Sin embargo, la participación del gobierno enfrenta limitaciones. Moody’s recordó que el Prosofipo no tiene el carácter de entidad pública ni de fideicomiso gubernamental, por lo que no está sujeto a los mecanismos tradicionales de financiamiento público. Esto deja abierta la interrogante sobre cómo podría reforzarse el fondo en el corto plazo.
Riesgos de prorrateo y confianza en juego
De no ser suficientes los recursos disponibles, el Comité de Protección al Ahorro tendría que prorratear los pagos entre los afectados, lo que significaría que cada ahorrador recibiría solo una parte proporcional de lo reclamado. Este escenario, aunque previsto en la normativa, pondría en entredicho la confianza en el sistema de ahorro popular y abriría un debate sobre la fortaleza regulatoria de las Sofipos.
La CNBV sostiene que la cobertura activada en el caso de CAME es suficiente para atender a prácticamente todos los afectados, pero la advertencia de Moody’s apunta a un riesgo estructural mayor: la capacidad de respuesta del Prosofipo si nuevas liquidaciones llegan a registrarse en el sector.
En este contexto, analistas señalan que la transparencia en el manejo del fondo y la definición de mecanismos claros de respaldo por parte del gobierno serán clave para preservar la credibilidad del sistema y evitar un efecto contagio que afecte a otras financieras populares y a sus ahorradores.
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