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    Pemex seguirá generando pérdidas en 2026 mientras deuda pública supera los 20 billones de pesos

    México Evalúa advirtió que en 2026 Pemex “aportará menos de lo que recibirá”, con pérdidas netas estimadas en 31 mil millones de pesos. La ONG señala que el apoyo estatal incrementará la deuda pública, que superará por primera vez los 20 billones de pesos, y que los recursos no se traducirán en mayores inversiones en salud, educación o seguridad.

    La empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) seguirá siendo un peso económico para el país en 2026, según un análisis presentado por la organización civil México Evalúa sobre el Paquete Económico del próximo año. La ONG advirtió que, pese a la expectativa de un repunte en los ingresos petroleros, Pemex registrará un saldo neto negativo de al menos 31 mil millones de pesos, ya que los recursos que recibirá superarán lo que aportará a la hacienda pública.

    El presupuesto proyectado para 2026 destina 263 mil 400 millones de pesos a la petrolera, un incremento de 87 % respecto a 2025. México Evalúa señala que este aumento responde principalmente al financiamiento de la deuda histórica de Pemex y a mantener operativa la empresa, en lugar de reflejar eficiencia productiva o generación de recursos adicionales para el Estado.

    Pemex continuará generando pérdidas netas

    La producción estimada de petróleo para 2026 es de 1,79 millones de barriles diarios (mbd), una cifra que la petrolera no alcanza desde 2023, y que actualmente se encuentra en un promedio de 1,62 mbd a junio de 2025. Según la ONG, incluso si se logra este objetivo de producción, Pemex continuará generando pérdidas netas, y si no se cumple, los ingresos petroleros se reducirán aún más, agravando la presión fiscal sobre la federación.

    “Por primera vez en la historia, el Gobierno federal perderá recursos por su apoyo a Pemex, al transferir más dinero del que la empresa contribuye a la hacienda pública”, advirtió México Evalúa.

    La situación evidencia un riesgo estructural: mientras se mantiene a la petrolera, la deuda pública mexicana avanzará hacia niveles históricos, superando los 20 billones de pesos, cifra nunca antes alcanzada. La organización señaló que la mayor parte de estos recursos se destinará a pagar intereses de deuda existente y al respaldo financiero a Pemex, sin mejorar directamente los servicios sociales esenciales.

    El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha explicado que la partida asignada busca reducir la deuda neta de Pemex, mediante mecanismos como las amortizaciones y aportaciones de capital estructuradas, incluyendo los 12 mil millones de dólares a través de notas precapitalizadas (P-CAP) y la creación de un fondo de inversión mixto público-privado para la empresa.

    La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) enfatizó que estos recursos no se contabilizan como gasto corriente, sino como reducción de pasivos, con el objetivo de mejorar los balances financieros de Pemex.

    No obstante, los expertos de México Evalúa advierten que estas medidas no garantizan sostenibilidad a largo plazo. La petrolera más endeudada del mundo sigue enfrentando problemas estructurales, desde bajos niveles de producción hasta alta dependencia de apoyo estatal, lo que implica que cada año el Estado continuará comprometiendo recursos significativos sin una correlación directa con el crecimiento económico ni con la cobertura de necesidades básicas de la población.

    En el análisis, la ONG también subraya que la política de rescate de Pemex incrementa la vulnerabilidad fiscal de México frente a shocks externos, como la volatilidad de los precios del petróleo o tensiones internacionales que afecten los ingresos petroleros. Además, advierte que el enfoque centrado en sostener a Pemex limita la posibilidad de destinar recursos a sectores estratégicos como educación, salud y seguridad, cuya inversión ha sido históricamente insuficiente.

    El informe concluye que, aunque las acciones gubernamentales pueden aliviar la carga financiera inmediata de la petrolera, la estrategia no resuelve los problemas estructurales de la empresa ni su impacto en la sostenibilidad fiscal del país, y subraya la necesidad de debatir un modelo de largo plazo que equilibre apoyo estatal, eficiencia operativa y responsabilidad financiera.

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