La reforma fiscal aprobada por la Cámara de Diputados encendió las alarmas entre organizaciones civiles y tecnológicas, al otorgar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) acceso en tiempo real a las bases de datos de plataformas digitales como Netflix, Amazon, Mercado Libre, Tinder o Duolingo. Aunque el Gobierno la defiende como una medida para combatir la evasión fiscal, expertos advierten que se trata de una herramienta de vigilancia masiva sin controles judiciales ni límites claros.
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, el objetivo es “garantizar que las plataformas cumplan con sus obligaciones tributarias”. Sin embargo, la Asociación de Internet MX (AIMX) y Artículo 19 consideraron que la medida representa una intromisión desproporcionada en la privacidad de usuarios y empresas, y que su aplicación podría violar derechos fundamentales.
Riesgos de vigilancia y censura digital
La Asociación de Internet MX, que agrupa a empresas como Amazon, Cinépolis, Grupo Modelo y Banco Azteca, alertó que el nuevo esquema permitiría al SAT ingresar directamente a los sistemas de las plataformas digitales, algo sin precedentes en México. “Correríamos el riesgo de seguir el ejemplo de países autoritarios que recurren a la vigilancia masiva como instrumento de control económico”, advirtió el organismo.
La AIMX sostuvo que la disposición “pone en riesgo la privacidad, debilita la confianza en las instituciones y daña la economía digital”, además de elevar los riesgos en ciberseguridad. Propuso eliminar el acceso en tiempo real y sustituirlo por auditorías selectivas autorizadas por orden judicial, junto con mecanismos de seguridad más robustos, como autenticación multifactor y registros de auditoría.
Entre las alternativas planteadas también se incluye limitar el alcance de los datos fiscales, establecer sanciones proporcionales, evitar el bloqueo inmediato de los servicios y proteger a las micro, pequeñas y medianas empresas con regímenes simplificados.
Artículo 19: “Una intromisión desproporcionada”
Por su parte, la organización Artículo 19 calificó el nuevo artículo fiscal como “una intromisión desproporcionada y sin controles” en el derecho a la privacidad. Señaló que el acceso continuo del SAT a la información de los usuarios elimina de facto las garantías de debido proceso y carece de mecanismos de control judicial para evitar abusos.
Además, criticó que la sanción prevista —el bloqueo temporal de plataformas digitales— podría restringir el acceso a servicios esenciales como redes sociales o espacios de alojamiento web, utilizados para informarse y ejercer derechos de expresión y asociación.
“Equiparar plataformas de comunicación o aprendizaje con casinos en línea es desconocer su papel como espacios cívicos digitales donde se ejercen derechos humanos”, sostuvo la organización.
Preocupación por impacto económico y legal
Especialistas en derecho digital consideran que el acceso masivo a datos por parte del SAT podría ahuyentar inversiones tecnológicas y afectar la confianza internacional en el entorno digital mexicano. “Aunque el objetivo de la recaudación es legítimo, no puede justificarse a costa de derechos fundamentales”, advirtió un experto en ciberseguridad consultado.
La polémica ahora se traslada al Senado, que deberá analizar y ratificar la reforma antes del 31 de octubre. La Asociación de Internet MX pidió a los legisladores revisar a fondo la iniciativa y garantizar que cualquier medida de fiscalización digital respete los estándares internacionales de protección de datos y derechos humanos.
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