La Cámara de Comercio de Estados Unidos (USCC) ha exigido a la administración del presidente Donald Trump reforzar las salvaguardas de inversión en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), como respuesta directa a la reforma judicial en México que genera temores de inestabilidad legal. Esta petición, presentada en una carta a la Representación Comercial de la Casa Blanca (USTR), busca elevar el nivel de protección durante la revisión conjunta del acuerdo, programada para concluir el 1 de julio de 2026.
La USCC destaca que empresas estadounidenses en México han enfrentado discriminación y expropiaciones en años recientes, recurriendo a mecanismos clave como el ISDS (Solución de Controversias Inversionista-Estado) y el SSDS (Solución de Controversias Estado-Estado). Estos permiten demandas arbitrales internacionales contra violaciones estatales y resuelven disputas gubernamentales, protegiendo compromisos comerciales mutuos.
“Lamentablemente, en los últimos años, las empresas estadounidenses que invierten en México han sufrido discriminación y expropiación, y han tenido que recurrir a las protecciones de inversiones fundamentales que se encuentran en el acuerdo”, afirma la USCC en su documento de 39 páginas enviado a la USTR.
La revisión del T-MEC, según el organismo, debe al menos mantener estos niveles y fortalecer su ejecución.
Sombras en la balanza comercial
La reforma judicial mexicana, que permite la elección directa de jueces, ha avivado preocupaciones globales. La USCC argumenta que esta medida socava la independencia judicial, comprometiendo el derecho a un sistema imparcial y elevando riesgos para inversionistas extranjeros. “Mejorar la protección es especialmente necesario tras la reforma judicial mexicana, la cual ha generado una considerable incertidumbre sobre hasta qué punto las empresas estadounidenses pueden confiar en el sistema legal del país como salvaguarda contra los abusos del poder ejecutivo o legislativo”, enfatiza el texto.
Además, la reciente reforma a la ley de amparo limita injunctions contra decisiones arbitrarias del Estado, exacerbando la vulnerabilidad. Grupos como la Asociación Nacional de Manufactura de EE.UU. y la Cámara Americana de Comercio en México (AmCham) han ecoado estas alertas, advirtiendo de un posible retraso en la profesionalización judicial y un aumento en costos operativos.
“Permitir que nuestros socios comerciales incumplan sus compromisos de protección de inversiones daría a entender que Estados Unidos acepta un trato discriminatorio por parte de gobiernos extranjeros hacia las empresas estadounidenses”, advierte la USCC.
Esta postura no es aislada: legisladores republicanos, como el representante Adrian Smith, han solicitado briefings urgentes a la USTR sobre el impacto en inversionistas.
Inversiones en juego
La inversión estadounidense en el extranjero es vital para la competitividad global. La USCC subraya que la mayoría de estas se concentran en sectores no exportables, como servicios y manufacturas de bajo valor —detergentes o prendas básicas— imposibles de repatriar sin costos exorbitantes. México y Canadá suministran insumos esenciales, como materias primas y componentes, a precios accesibles y en volúmenes suficientes, impulsando la industria de EE. UU.
El presidente Trump lo ha dicho claro: su gobierno no pretende repatriar producción de «camisetas y calcetines», reconociendo la interdependencia regional. Sin embargo, renunciar a estas oportunidades por inestabilidad equivaldría a un golpe económico. Datos de la USCC revelan que importaciones mexicanas sostienen millones de empleos estadounidenses, pero la reforma judicial amenaza esta cadena.
En respuesta, la USCC propone tres objetivos clave para la revisión del T-MEC:
- Mantener y fortalecer lazos trilaterales, respetando normas que respaldan empleos en EE. UU. y elevan la competitividad norteamericana.
- Asegurar cumplimiento total del tratado, con acciones rápidas contra deficiencias en las tres naciones.
- Brindar certeza a inversionistas mediante una revisión transparente, fomentando expansiones en Norteamérica.
Esta llamada de atención llega en un momento crítico, con la revisión a la vista. La USCC, como mayor lobby empresarial de EE. UU., distingue su rol de las AmChams locales, enfocándose en políticas internas que resguarden a firmas globales. Si México no ajusta, expertos temen un enfriamiento en flujos de capital, afectando la integración económica que ha generado prosperidad compartida desde 1994.
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