Entre octubre de 2024 y noviembre de 2025, seis alcaldes han sido asesinados en México, según registros de Etellekt, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y reportes de medios nacionales. Guerrero concentra la mitad de los casos, seguido de Veracruz, Jalisco y Chiapas. Las investigaciones apuntan a la violencia criminal y al control territorial post-electoral como principales causas.
Un año de gobierno marcado por la violencia local
El 1 de octubre de 2024, Claudia Sheinbaum Pardo asumió la presidencia de México con la promesa de fortalecer la coordinación en seguridad y reducir los ataques a autoridades municipales. Sin embargo, su primer año de gestión deja una cifra inquietante: seis alcaldes asesinados en 13 meses, de acuerdo con el informe más reciente de Etellekt Consultores, organización especializada en violencia política.
El fenómeno no es nuevo, pero sí creciente. Desde 2018, México acumula más de 70 homicidios de alcaldes en funciones o electos, la mayoría en regiones afectadas por el narcotráfico y las disputas territoriales entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Sinaloa y grupos locales.
Guerrero: el epicentro de los ataques
El estado de Guerrero encabeza la lista con tres casos registrados en apenas cinco semanas de 2024.
Yolanda Sánchez González – Chilpancingo (1 de octubre de 2024)
La alcaldesa morenista fue asesinada durante un evento público en la colonia Progreso. De acuerdo con la Fiscalía estatal, hombres armados abrieron fuego contra su convoy. Sánchez había denunciado amenazas previas de grupos criminales en la región de la Sierra.
Ulises Fabián Quiroz – San Marcos (9 de octubre de 2024)
Apenas ocho días después, el alcalde Ulises Fabián Quiroz fue ejecutado en su domicilio. Tres hombres irrumpieron y dispararon dentro de la vivienda. El caso se investiga como ataque directo, en un contexto de extorsiones a transportistas y disputas por control local, según la Fiscalía de Guerrero.
Alejandro Arreola Castellanos – Chilapa de Álvarez (3 de noviembre de 2024)
El edil indígena fue atacado a tiros durante una reunión comunitaria en Ayahualulco. Etellekt documentó que su asesinato se produjo en medio de una escalada de violencia entre grupos armados que disputan el control de la Montaña baja.
Veracruz y Jalisco: alcaldes en la mira del crimen organizado
Óscar Ramírez – Cuautitlán de Rosas, Veracruz (15 de enero de 2025)
El alcalde panista fue secuestrado y hallado sin vida horas después en una carretera cercana a Xalapa. La Fiscalía General del Estado informó que presentaba signos de tortura y heridas de bala. En la zona operan células vinculadas al CJNG, aunque la investigación continúa abierta.
Jesús López – Teuchitlán, Jalisco (22 de febrero de 2025)
De acuerdo con reportes de la SSPC, López viajaba en su vehículo particular cuando fue atacado con armas automáticas en la carretera Guadalajara-Tepic. El edil pertenecía a Movimiento Ciudadano y había promovido operativos contra la extorsión a productores locales.
Ambos casos provocaron protestas de autoridades municipales que exigieron mayores medidas de protección y la activación del Fondo Federal de Seguridad para Municipios, que había sido recortado en años anteriores.
Chiapas: la frontera sur también sangra
María Elena González – Suchiate (10 de septiembre de 2025)
Primera mujer en ocupar la alcaldía fronteriza, González fue emboscada por hombres armados mientras se dirigía a un evento oficial cerca del puente internacional con Guatemala. Murió horas después en un hospital de Tapachula.
La Fiscalía General de la República (FGR) investiga si el ataque estuvo relacionado con redes de tráfico de migrantes y contrabando en la frontera sur. Su asesinato provocó marchas y pronunciamientos de diputadas locales que exigieron justicia y protección para mujeres en cargos públicos.
Un patrón nacional de vulnerabilidad
Los seis asesinatos presentan características comunes:
- Todos ocurrieron en estados con fuerte presencia del crimen organizado.
- Las víctimas fueron atacadas con armas de fuego en contextos públicos o laborales.
- Cinco de los seis alcaldes fueron asesinados durante su primer año de gestión, un periodo que Etellekt identifica como el de mayor riesgo tras los comicios.
El informe “Violencia Política en México 2024-2025” advierte que el 70% de los homicidios de autoridades locales tienen un móvil criminal —no ideológico—, ligado a control de territorios, cobro de piso y disputas por recursos públicos.
Respuesta oficial y pendientes
La administración de Sheinbaum ha desplegado operativos de refuerzo en regiones críticas como Guerrero, Michoacán, Veracruz y Chiapas, con apoyo de la Guardia Nacional y la Sedena. En octubre de 2025, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) anunció un fondo de 500 millones de pesos destinado a protección de alcaldes, capacitación en protocolos de riesgo y fortalecimiento de inteligencia local.
Sin embargo, los avances son limitados. De los seis casos registrados, solo uno presenta órdenes de aprehensión; el resto sigue en investigación. Organizaciones como Causa en Común y México Evalúa subrayan la necesidad de un sistema nacional de alerta temprana para funcionarios amenazados, así como la creación de una fiscalía especializada en violencia política municipal.
El desafío de gobernar en territorios disputados
Para los expertos, la ola de asesinatos refleja una tendencia estructural: la debilidad de los gobiernos locales frente a grupos criminales que buscan controlar presupuestos, contratos de obra y policías municipales.
El analista Rubén Salazar, director de Etellekt, advierte que “la violencia contra alcaldes es un síntoma del vacío de autoridad en regiones donde el Estado perdió presencia real”. En esos territorios, agrega, las lealtades políticas se vuelven secundarias frente al poder armado.
En paralelo, la Conferencia Nacional de Municipios de México (CONAMM) ha solicitado un mecanismo de protección permanente, similar al que existe para periodistas y defensores de derechos humanos.
Una radiografía de riesgo
Entre octubre de 2024 y noviembre de 2025, los homicidios de alcaldes se distribuyen así:
- Guerrero: 3 casos
- Veracruz: 1 caso
- Jalisco: 1 caso
- Chiapas: 1 caso
El total coincide con los registros de la SSPC y de la consultora Etellekt, que documentan además decenas de atentados y amenazas contra funcionarios municipales, regidores y directores de seguridad pública.
La violencia política, aunque menos visible que la electoral, sigue cobrando vidas y debilitando las instituciones locales.
