La madrugada del 12 de septiembre, Alejandro Gilmare Mendoza, alias “El Choko”, fue ingresado al penal de máxima seguridad El Altiplano, en Almoloya de Juárez. Su captura cerró un operativo que empezó dos días antes en Ecatepec, donde autoridades federales lo detuvieron mientras se encontraba en un centro comercial. Identificado como presunto líder del grupo criminal “La Chokiza”, enfrenta acusaciones por delitos de alto impacto que van desde extorsión y despojo hasta homicidio. Su traslado marca un nuevo episodio en la compleja relación entre política y crimen en el Estado de México.
Detención en el corazón de Ecatepec
El operativo que culminó con su detención ocurrió el 10 de septiembre en la Plaza Las Américas, uno de los puntos comerciales más concurridos del municipio. Testigos confirmaron que “El Choko” estaba acompañado de su madre y varios colaboradores cuando agentes federales lo interceptaron. Desde ese momento fue trasladado a la sede de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en la Ciudad de México.
Las autoridades informaron que Mendoza era investigado por encabezar una red de extorsiones, cobro de piso, invasión de inmuebles y distribución de drogas. Además, se le atribuyen homicidios cometidos en la zona oriente del Valle de México. No era la primera vez que enfrentaba a la justicia: en 2022 había sido arrestado en la capital del país por portar un arma de fuego, aunque recuperó la libertad poco después.
Del arraigo vecinal a la fachada política
La historia de “El Choko” y su grupo, “La Chokiza”, no puede entenderse sin la narrativa social que construyeron en Ecatepec. Bajo el discurso de ayudar a vecinos, organizar eventos culturales y brindar asesoría legal, la organización se presentó como un movimiento comunitario. Fotos y videos difundidos en redes sociales mostraban a Mendoza participando en actividades barriales, repartiendo apoyos o encabezando brigadas.
Sin embargo, detrás de esa fachada, múltiples denuncias lo señalaron por mantener control territorial mediante intimidación y violencia. Los préstamos “gota a gota” con intereses abusivos, el cobro de cuotas a comerciantes y la ocupación de terrenos fueron parte de sus métodos de operación, de acuerdo con investigaciones federales.
La visibilidad pública de “El Choko” lo llevó incluso a convivir con figuras políticas. Existen registros de su cercanía con la exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, así como con Azucena Cisneros, actual presidenta municipal de Ecatepec. Aunque ambos vínculos han sido negados o minimizados, las imágenes de eventos y saludos en público permanecen como evidencia incómoda.
Traslado a El Altiplano y cateos posteriores
En la madrugada del 12 de septiembre, dos días después de su captura, elementos de seguridad federal lo trasladaron al penal de máxima seguridad El Altiplano. Fuentes ministeriales confirmaron que el cambio de sede respondió a la peligrosidad del detenido y a la necesidad de mantenerlo bajo resguardo estricto.
Paralelamente, la Fiscalía General de la República (FGR) y autoridades estatales llevaron a cabo cateos en propiedades ligadas a “La Chokiza”. Los operativos se concentraron en predios que la organización presumía como parte de su influencia territorial y política. Aunque no se han detallado los aseguramientos, la acción busca desarticular la red de protección que mantenía el grupo en Ecatepec.
Repercusiones en la vida pública de Ecatepec
La caída de “El Choko” genera un impacto inmediato en la dinámica criminal de uno de los municipios más poblados del país. Para los habitantes, su figura resultaba ambigua: algunos lo veían como benefactor, otros como un jefe criminal temido. Esa dualidad explica por qué la organización consiguió ganar visibilidad sin que las denuncias ciudadanas lograran frenarla antes.
El caso también vuelve a poner bajo la lupa la relación entre líderes sociales emergentes y estructuras políticas locales. La delgada línea entre activismo comunitario y criminalidad organizada ha sido cuestionada en Ecatepec, donde la inseguridad se combina con la falta de servicios públicos y la disputa de intereses.
Ahora, con Mendoza recluido en un penal federal, el reto para las autoridades será sostener investigaciones sólidas que eviten su pronta liberación, como ocurrió en 2022. La población, mientras tanto, exige que la justicia avance y que las estructuras de extorsión sean desmontadas por completo.
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