La infiltración del narcotráfico en las fuerzas policiales de Baja California alcanza un nuevo capítulo con la investigación federal abierta contra elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC). El 4 de octubre, en la colonia Ojo de Agua de Tijuana, un cargamento de 180 kilogramos de cocaína fue robado por presuntos agentes estatales, en un operativo captado por cámaras de videovigilancia que ahora sirve de prueba clave para la Fiscalía General de la República (FGR). La carpeta FED/BC/TIJ/0002996/2025 apunta directamente a la complicidad con el resurgente Cártel de los Arellano Félix (CAF), en una disputa por el control de rutas fronterizas que amenaza con escalar la violencia en la región.
Videos de la calle California muestran vehículos oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California (SSCBC) –incluyendo un KIA blanco asignado a la Coordinación Interinstitucional– circulando en el sitio del robo. Según reportes preliminares del Semanario Zeta, el cargamento pertenecía a un grupo de traficantes independientes que intentaban evadir el «derecho de piso» impuesto por el CAF, lo que desencadenó la intervención de los uniformados. Esta no es la primera vez que el CAF se ve envuelto en robos de droga con apoyo policial; en meses recientes, se han asegurado 302 kilos de cocaína falsa elaborada por células del cártel para «reemplazar» cargamentos hurtados, con investigaciones paralelas a policías locales.
La fiscal general estatal, María Elena Andrade Ramírez, confirmó el 20 de octubre la entrega del caso a la FGR, enfatizando la colaboración de la Fiscalía General del Estado (FGE).
«Si alguien anda en malos pasos, tiene que pagar», declaró, aludiendo a las indagatorias de inteligencia que señalan directamente a agentes de la FESC.
Andrade Ramírez también rechazó cualquier vínculo personal con narcomantas recientes en Tijuana y Playas de Rosarito que mencionan su nombre, insistiendo en que se trata de un «trabajo serio» contra la corrupción que afecta a «otras corporaciones».
Denuncias internas y sombras de irregularidades
La tensión interna estalló cuando los agentes señalados publicaron una carta abierta denunciando irregularidades en la indagatoria: suspensiones y medidas disciplinarias sin investigación formal ni pruebas concretas. Argumentan que el vehículo implicado pertenece a la Enlace Internacional, bajo mando militar, y no a operaciones de la FESC, en un intento por deslindarse del «hecho delictivo» que, según ellos, podría no existir. Esta defensa pública ha avivado críticas sobre la lentitud en los procesos internos, donde elementos suspendidos son reubicados en «puntos fijos» en lugar de ser retirados, permitiendo que la «infiltración» persista, como denuncia SinEmbargo en un análisis de corrupción policial en la entidad.
El contexto de Baja California es alarmante: el estado lidia con una guerra entre el CAF –aliado ocasionalmente con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)– y el Cártel de Sinaloa por el control de Tijuana. Recientes detenciones, como la de Pablo Edwin “N”, alias “El Flaquito”, líder del CAF capturado en junio por la FGR en operativos conjuntos con la Sedena, revelan la persistencia del clan pese a décadas de desmantelamiento. “El Flaquito” era clave en pactos con el CJNG para combatir a los sinaloenses, y su red incluía robos de cargamentos rivales con apoyo de policías corruptos.
Repercusiones: De narcomantas a llamados federales
El escándalo ha trascendido fronteras institucionales. El Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California (CCSPBC) exigió la intervención del comisionado nacional de Seguridad, Omar García Harfuch, vinculando el robo con recientes ataques a instalaciones de la FGE –incluyendo uno con drones, inédito en la región– posiblemente en represalia por el cargamento perdido. Estos incidentes evocan venganzas pasadas, como el ataque al edificio de la FGR en Tijuana en 2023, atribuido al Cártel de Sinaloa tras un robo similar de cocaína y metanfetaminas por policías.
La FGR avanza con evidencias videográficas y registros vehiculares, pero expertos como los de Zeta advierten que la corrupción va más allá: desde falsificación de droga por el CAF hasta redes de sobornos que incluyen a mandos estatales. Cambios en la SSCBC y FGE, con inmovilizaciones de mandos, son solo paliativos; la verdadera batalla, dicen, requiere purgas profundas y mayor presencia federal.
En una frontera donde el valor de la cocaína robada supera los 5 millones de dólares, este caso expone las grietas del sistema: policías convertidos en extensiones de cárteles, disputas que dejan cuerpos en las calles y una ciudadanía que exige justicia. La FGR tiene las llaves, pero ¿quién vigila a los vigilantes? Mientras la investigación avanza, Tijuana contiene el aliento, sabiendo que el próximo robo podría ser el detonante de una guerra abierta.
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