El pasado 8 de agosto, Isabela Segundo, oficial de la Policía Metropolitana de la Ciudad de México, desmintió categóricamente ser la mujer que aparece en un video íntimo viralizado, en el que una pareja de uniformados tiene relaciones sexuales dentro de una patrulla. La oficial pidió respeto para su imagen y que cesen las difamaciones que afectan su vida personal y laboral.
Isabela Segundo aclaró que el video muestra a una mujer con uniforme azul, mientras ella pertenece a la agrupación Metropolitana y porta uniforme negro, además de que sus rasgos físicos no coinciden con los de la persona en el material. La presión en redes sociales la llevó a eliminar sus perfiles digitales debido al acoso y las falsas comparaciones que circulan.
El video, grabado aparentemente por un ciudadano desde fuera de la patrulla, generó una ola de críticas hacia la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX por la conducta inapropiada de los uniformados involucrados. Ante ello, la SSC confirmó el 5 de agosto que ambos elementos fueron identificados y citados a declarar en una investigación interna realizada por la Dirección General de Asuntos Internos.
La Secretaría dejó claro en un comunicado que “no tolerará ningún acto contrario a los protocolos de actuación policial ni a los principios institucionales”. Agregó que cualquier irregularidad será sancionada conforme a la ley.
Mientras avanza la indagatoria, Isabela Segundo insiste en que su nombre y rostro han sido usados indebidamente y que su reputación está en riesgo. Solicita que se detenga la difusión de imágenes falsas y que se respete su identidad, pues no tiene relación con el incidente que ha generado revuelo en la opinión pública.
Antecedentes del caso
El video que causó polémica fue difundido inicialmente en redes sociales a finales de julio y muestra a dos personas vestidas con uniformes oficiales en actitud sexual dentro de una patrulla estacionada en una vía pública. El material rápidamente se viralizó, provocando indignación entre usuarios y cuestionamientos sobre la disciplina y ética en las fuerzas policiales de la capital.
La reacción institucional no se hizo esperar. La SSC informó que abriría una investigación para esclarecer los hechos, sancionar a los responsables y reforzar las medidas internas para evitar actos similares. Además, se comprometió a proteger la imagen y derechos de todos sus elementos, especialmente en casos donde circulan rumores o señalamientos infundados.
El caso también generó un debate sobre el uso de dispositivos electrónicos y redes sociales para difundir imágenes y videos que comprometen la privacidad de personas, incluso cuando son funcionarios públicos, y los posibles daños colaterales que puede causar la viralización sin un proceso formal.
En paralelo, el episodio ha puesto sobre la mesa la necesidad de revisar los protocolos de supervisión y control dentro de las corporaciones policiacas, así como fortalecer la formación ética y profesional de sus elementos para garantizar una mejor atención y confianza ciudadana.
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