El expresidente argentino Alberto Fernández enfrenta una acusación formal por violencia de género contra su expareja, Fabiola Yáñez. La denuncia ha tomado relevancia en los últimos días, generando un debate sobre la responsabilidad de figuras públicas en este tipo de casos.
Acusaciones y proceso judicial
La justicia argentina ha determinado que existen pruebas suficientes para proceder con una investigación formal contra Fernández. Según el expediente, el expresidente habría ejercido violencia física y psicológica contra Yáñez en varias ocasiones. En el proceso judicial se han presentado testimonios y pruebas documentales que respaldan las denuncias de la víctima.
El juez federal encargado del caso, Julián Ercolini, dictaminó que Fernández será investigado por delitos de lesiones leves y graves, agravadas por el contexto de violencia de género y amenazas coactivas. Como medida cautelar, se ha impuesto una orden de restricción que le impide acercarse a Yáñez mientras avanza el proceso judicial.
El caso ha generado una fuerte reacción en el ámbito político y social. Diversos sectores han exigido una investigación transparente y justicia para la víctima. Organizaciones feministas han pedido que se garantice la seguridad de Yáñez y que se establezcan precedentes contra la violencia de género en figuras de alto perfil.
Por otro lado, el equipo legal de Fernández ha negado las acusaciones, calificándolas de infundadas y con motivaciones políticas. En un comunicado, sus abogados aseguraron que demostrarán la inocencia del expresidente durante el proceso judicial.
Fabiola Yáñez fue primera dama de Argentina durante el mandato de Fernández, entre 2019 y 2023. Durante su tiempo en la residencia presidencial, fue reconocida por su labor social, aunque también enfrentó controversias mediáticas. La relación entre ambos finalizó en términos poco claros, pero recientes revelaciones han puesto en evidencia episodios de violencia que, según la denuncia, se extendieron por varios años.
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