El arresto del expresidente boliviano Luis Arce encendió una nueva disputa política en La Paz, luego de que fuera detenido sin previo aviso y trasladado a las celdas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc). La exministra de la Presidencia, María Nela Prada, denunció que el procedimiento fue «un abuso por completo» y señaló que Arce no recibió notificación formal para declarar. La detención ocurre en medio de una investigación por presunta corrupción ligada al Fondo de Desarrollo Indígena, un caso que se remonta a su etapa como ministro de Economía en el gobierno de Evo Morales. El hecho incrementó la incertidumbre sobre el rumbo judicial y político del país tras el reciente cambio de mando.
Investigación y acusaciones sin aclarar
Medios locales reportaron que la detención podría estar relacionada con presuntas irregularidades en el manejo del Fondo de Desarrollo Indígena, una pesquisa que se arrastra desde hace años. Arce aseguró en su momento haber entregado todos los descargos correspondientes, aunque hasta ahora ninguna autoridad ha confirmado si esta es la causa exacta de la aprehensión.
Prada declaró que el exmandatario fue interceptado mientras estaba solo y luego ingresado a un minibús con vidrios polarizados. La exministra afirmó que el procedimiento careció de formalidad y transparencia. Además, insistió en que, de tratarse del caso del Fondo Indígena, correspondería un juicio de responsabilidades debido a su calidad de expresidente.
El escenario se complica por otra causa abierta: una denuncia presentada por una exfuncionaria que acusa a Arce de haberla embarazado y posteriormente abandonado. Las autoridades no han confirmado si esta pesquisa está vinculada con la detención ocurrida en La Paz, lo que alimenta especulaciones y tensiones en el entorno político.
Silencio oficial y vacío informativo
Hasta ahora, ni el gobierno boliviano ni la Fiscalía han emitido una postura sobre el motivo exacto de la detención. El hermetismo ha generado inquietud en sectores sociales y analistas, que consideran indispensable transparentar el proceso. La falta de un parte oficial mantiene abierta la discusión sobre la legalidad del arresto y los posibles impactos en la ya fracturada relación entre distintas facciones del Movimiento al Socialismo (MAS).
La normativa vigente desde diciembre de 2020 obliga a todas las altas exautoridades a permanecer en territorio boliviano por tres meses después de concluir su mandato. El objetivo es que rindan cuentas y eviten eludir responsabilidades legales. Arce había dicho en múltiples ocasiones que permanecería en el país, e incluso aseguró que quería regresar a la vida académica.
Cambio de gobierno y clima político tenso
La gestión de Arce finalizó el 8 de noviembre, cuando Rodrigo Paz Pereira, político de centro, tomó posesión del cargo. El relevo ocurrió en medio de señales de desgaste interno en el MAS y un clima de polarización. La detención de Arce podría ser interpretada como un intento de depurar responsabilidades o, para sus simpatizantes, como un acto político destinado a debilitar a su sector.
Las próximas horas serán clave para determinar si el Ministerio Público explicará las razones jurídicas del arresto o si el silencio se prolongará, prolongando también la incertidumbre. Por ahora, el caso se sostiene sobre testimonios indirectos, especulaciones mediáticas y una fuerte crítica al modo en que se ejecutó la aprehensión.
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