Una pena de muerte podría ser el destino de Decarlos Brown Jr., acusado de apuñalar fatalmente a Iryna Zarutska, una refugiada ucraniana de 23 años, en un tren ligero de Charlotte el 22 de agosto. El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció cargos federales contra Brown, de 34 años, por causar la muerte en un sistema de transporte público, un delito que podría acarrear cadena perpetua o la pena de muerte. El caso ha desatado un debate sobre la seguridad en el transporte público y las fallas del sistema judicial.
El ataque, captado en video, ocurrió en la línea azul del tren LYNX. Zarutska, quien huyó de la guerra en Ucrania buscando seguridad, murió en el lugar tras recibir múltiples puñaladas.
“Iryna era una artista talentosa, decidida a construir una vida mejor”, escribió su familia en una página de GoFundMe.
Brown, con un historial de 14 arrestos previos, fue detenido inmediatamente y enfrenta cargos estatales por asesinato en primer grado, además de la acusación federal.
Un historial criminal que levanta alarmas
Brown tiene un largo historial delictivo, incluyendo condenas por robo con arma peligrosa y allanamiento de morada, por las que pasó cinco años en prisión. Según WCNC, fue liberado en 2020 y arrestado nuevamente en 2022 por agresión a una mujer. En enero de 2025, fue acusado de mal uso del 911 tras denunciar que un material “artificial” controlaba su comportamiento, lo que llevó a una evaluación psiquiátrica ordenada por un juez. Su madre reveló a WSOC que buscó un internamiento psiquiátrico involuntario este año tras episodios violentos, diagnosticándosele esquizofrenia.
La fiscal general Pam Bondi calificó el asesinato como “resultado directo de políticas blandas contra el crimen”. “Buscaremos la pena de muerte para garantizar que este delincuente no vuelva a dañar”, afirmó en un comunicado. Sin embargo, Carolina del Norte no ha ejecutado a nadie desde 2006 debido a disputas legales sobre la inyección letal.
Debate sobre seguridad y salud mental
El video de vigilancia, difundido el 8 de septiembre, muestra a Brown sentado detrás de Zarutska antes de atacarla sin motivo aparente. “Es un acto imperdonable”, declaró el director del FBI, Kash Patel. La alcaldesa de Charlotte, Vi Lyles, expresó su dolor: “Este crimen nos obliga a reflexionar sobre la seguridad en nuestra ciudad”. A pesar de una disminución del 25% en crímenes violentos en Charlotte en 2025, según el Departamento de Policía, el caso ha reavivado críticas sobre la gestión de reincidentes.
James Barnacle, subdirector del FBI, cuestionó cómo Brown, con 14 casos previos, estaba en libertad.
“El sistema falló. Este hombre no debería haber estado en las calles”, afirmó.
La familia de Zarutska, devastada, destacó su pasión por el arte y su sueño de ser asistente veterinaria.
El caso de Brown, actualmente bajo evaluación psiquiátrica, podría marcar un precedente en la aplicación de la pena de muerte a nivel federal, donde no enfrenta las mismas restricciones estatales. La investigación continúa, con posibles cargos adicionales. Mientras Charlotte llora a Zarutska, el crimen pone en el centro del debate la necesidad de abordar la salud mental y la reincidencia delictiva para evitar futuras tragedias.
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