La Fiscalía de Bolivia emitió una orden de aprehensión contra Luis Marcelo Arce Mosqueira, hijo del presidente Luis Arce, por un caso de violencia familiar. Este proceso se suma a investigaciones sobre presuntas irregularidades económicas de otros hijos del mandatario. La situación genera debates sobre el manejo de los casos judiciales en familias de alto perfil político y la separación entre responsabilidad personal y cargo público.
La Fiscalía de Bolivia instruyó la captura de Luis Marcelo Arce Mosqueira tras una denuncia presentada por su pareja en Santa Cruz. La fiscal especializada en delitos de razón de género, Jessica Echeverría, consideró fundadas las acusaciones y ordenó a la policía proceder con la aprehensión. El fiscal general, Róger Mariaca, confirmó que la denuncia refiere violencia física y psicológica ocurrida el jueves.
El presidente Arce se pronunció a través de sus redes sociales
El presidente Luis Arce se pronunció este sábado en redes sociales, señalando que sus hijos son adultos responsables de sus actos. Aclaró que las investigaciones deben seguir el procedimiento legal vigente y que su posición como padre respeta la normativa boliviana, más allá de su rol presidencial.
Paralelamente, otros miembros de la familia Arce enfrentan procesos por presunto enriquecimiento ilícito. El diputado Héctor Arce presentó una denuncia contra Rafael Ernesto Arce Mosqueira por la adquisición de bienes inmuebles valorados en cerca de USD 755.000 en La Paz. Según la investigación, Rafael Ernesto también habría comprado 2.100 hectáreas en Santa Cruz por USD 3,3 millones en 2021, destinadas a la producción agrícola.
La Fiscalía detectó además préstamos otorgados a Rafael Ernesto y Camila Arce Mosqueira por un total de USD 9,1 millones mediante seis operaciones bancarias en octubre de 2021. Estas transacciones motivaron la reapertura de un expediente que había sido cerrado en 2024.
Implicaciones políticas y judiciales
Luis Marcelo Arce Mosqueira ya había sido señalado en 2023 como posible intermediario en proyectos de explotación de litio entre el Estado y empresas privadas. La denuncia se basó en una grabación difundida públicamente, pero la investigación fiscal no logró establecer su responsabilidad ni vínculo formal con la estatal Yacimientos del Litio Bolivianos. El caso fue desestimado en abril de 2024 por falta de pruebas suficientes.
Más allá de los hijos, el presidente Luis Arce enfrenta acusaciones por supuesta responsabilidad en el abandono de una mujer embarazada con la que habría tenido un hijo. La denunciante sostiene que el mandatario no reconoció legalmente al menor, lo que generó críticas sobre la gestión pública y la transparencia personal del mandatario.
La combinación de denuncias por violencia, enriquecimiento ilícito y presuntos conflictos familiares sitúa al presidente y su familia bajo un intenso escrutinio mediático y político. Especialistas en derecho y política boliviana advierten que estos casos podrían influir en la percepción pública sobre la administración y la gobernabilidad del país, al tiempo que plantean la necesidad de separar los actos de los familiares de la responsabilidad directa del jefe de Estado.
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