Decenas de miles de brasileños salieron a las calles en al menos 33 ciudades del país para rechazar una posible amnistía a los responsables de la intentona golpista de 2022, incluidos Jair Bolsonaro y varios de sus aliados. Las manifestaciones, organizadas por movimientos sociales, sindicatos y partidos de izquierda, también protestaron contra la llamada “PEC del Blindaje”, que ampliaría el fuero de diputados y senadores. En São Paulo y Río de Janeiro se registraron las mayores concentraciones, acompañadas de la participación de artistas como Chico Buarque, Caetano Veloso y Gilberto Gil, quienes denunciaron los riesgos de retrocesos democráticos.
Protestas masivas en todo el país
Más de 40 mil personas se movilizaron en São Paulo y Río de Janeiro, según datos del Monitor de Debate Político de la Universidad de São Paulo. Hubo marchas y actos en todas las capitales de estado, lo que refleja un rechazo extendido a la posibilidad de otorgar beneficios judiciales a quienes atentaron contra la democracia.
Las movilizaciones fueron convocadas por el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), el Movimiento de los Trabajadores Sin Techo (MTST) y agrupaciones como Pueblo Sin Tierra y Brasil Popular, cercanas al Partido de los Trabajadores (PT) y al Partido Socialismo y Libertad (PSOL). A ellas se sumaron sindicatos, colectivos estudiantiles y organizaciones de centroizquierda, generando un frente amplio que busca presionar al Congreso.
En Río de Janeiro, las protestas estuvieron marcadas por la fuerza cultural. Sobre el escenario se presentaron figuras históricas de la música brasileña, entre ellas Chico Buarque, Caetano Veloso y Gilberto Gil. Este último advirtió que el país atraviesa “momentos similares a los más oscuros de su historia” y llamó a no normalizar la violencia política.
Rechazo a la “PEC del Blindaje” y a la amnistía
El descontento ciudadano se dirigió principalmente contra dos proyectos legislativos. El primero es la Propuesta de Enmienda a la Constitución, conocida como “PEC del Blindaje”, aprobada en la Cámara de Diputados el martes pasado. Esta medida ampliaría el aforamiento de senadores y diputados, blindándolos ante procesos judiciales en el Supremo Tribunal Federal.
El segundo y más polémico es el proyecto de amnistía a los participantes en las protestas violentas ocurridas entre octubre de 2022 y enero de 2023, incluyendo el asalto al Palacio de Planalto. La norma, que se tramita en régimen de urgencia, podría beneficiar a Jair Bolsonaro y a decenas de condenados por intento de golpe de Estado tras la victoria electoral de Luiz Inácio Lula da Silva.
Para los críticos, esta medida representa un grave retroceso democrático, pues eliminaría las consecuencias judiciales de actos que pusieron en riesgo la estabilidad institucional de Brasil.
Un mensaje contra el olvido
Los manifestantes exigieron que los responsables de los ataques a las instituciones rindan cuentas y que no se utilicen reformas legales para garantizar impunidad. “No podemos dejar de responder a los horrores que se están extendiendo a nuestro alrededor”, dijo Gilberto Gil, reflejando el espíritu de las protestas.
El gobierno de Lula ha reiterado su rechazo a la amnistía, aunque la iniciativa aún avanza en el Congreso con apoyo de sectores conservadores y de centroderecha.
Las movilizaciones de este domingo, que reunieron a miles de ciudadanos de distintos perfiles sociales y políticos, muestran que la memoria del asalto de enero de 2023 sigue viva y que la sociedad brasileña mantiene la presión para que no quede en la impunidad.
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