El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) confirmó la existencia de una red criminal vinculada con cárteles mexicanos que ofrece recompensas por información, secuestro o asesinato de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP). La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, calificó estas amenazas como una campaña de terror organizada por las agrupaciones criminales.
Según la información oficial, el sistema de recompensas contempla pagos escalonados: 2 mil dólares por proporcionar información personal de agentes o inteligencia sobre sus actividades; entre 5 mil y 10 mil dólares por secuestros o agresiones no letales; y hasta 50 mil dólares por el asesinato de mandos de alto rango. Esta estructura se coordina con pandillas locales en ciudades como Chicago y Portland, donde instalan observadores armados en azoteas y realizan vigilancia mediante radios y drones para sabotear operativos migratorios.
Pandillas locales y cárteles coordinan ataques en EE. UU.
Hace una semana, las autoridades estadounidenses detuvieron a Juan Espinoza Martínez, integrante de la banda Latin Kings, quien ofrecía 10 mil dólares por asesinar al comandante de la Patrulla Fronteriza Gregory Bovino y 2 mil adicionales por información personal del funcionario. Espinoza, conocido como “El Monkey”, actuaba como intermediario en este sistema de recompensas, enviando mensajes a miembros de la organización para mantener vigilancia y armas durante la Operación Midway Blitz en Chicago.
El DHS advirtió que estos casos reflejan la cooperación transnacional entre cárteles mexicanos y pandillas locales para frenar acciones migratorias. Las autoridades estadounidenses exhortaron a los estados y ciudades con políticas de “santuario” a cesar estas medidas, y pidieron a la ciudadanía denunciar cualquier actividad sospechosa.
El gobierno de EU recordó que, desde principios de año, los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Noreste, Golfo, Cárteles Unidos y la Nueva Familia Michoacana fueron declarados organizaciones terroristas por la amenaza que representan para agentes de seguridad y la población.
El DHS subrayó que sus agentes enfrentan emboscadas, vigilancia con drones y amenazas de muerte solo por aplicar las leyes aprobadas por el Congreso, pero aseguró que no retrocederán ante estas amenazas. Kristi Noem enfatizó que las operaciones federales continuarán para proteger la seguridad de los oficiales y garantizar la aplicación de la ley en todo el país.
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