La expansión de China en el mercado de oro ilegal en Brasil se ha convertido en un fenómeno que combina intereses económicos, retos legales y riesgos medioambientales. La creciente demanda del país asiático ha intensificado las actividades de extracción y tráfico de oro, generando consecuencias profundas tanto para las comunidades locales como para la biodiversidad de la región.
El pasado 4 de agosto de 2025, la Policía Federal Rodoviaria (PFR) de Brasil realizó la mayor incautación de oro de su historia: 103 kilogramos ocultos en compartimentos de una camioneta durante un control rutinario en la carretera estatal BR-401, en Roraima. Al volante se encontraba un empresario de Rondônia acompañado de su familia. Dos días después, otros 40 kilogramos fueron incautados en Pará, cerca de Altamira. Según la PFR, estas cifras superan ampliamente las incautaciones de años anteriores: 23,1 kg en 2023 y 48,1 kg en 2024.
El oro ilegal suele dirigirse a mercados internacionales, destacando China como receptor principal. Recientemente, en el aeropuerto de Guarulhos, en São Paulo, las autoridades detuvieron a una mujer que intentaba llevar 4 kg de oro a Hong Kong. Otros casos incluyen ciudadanos chinos con oro en tránsito hacia Turquía. Esta demanda refleja la estrategia de Pekín de consolidar reservas y reducir dependencia del dólar, dentro de su concepto de seguridad nacional promovido por el presidente Xi Jinping.
China también ha invertido directamente en minas legales. La empresa estatal Baiyin Nonferrous adquirió en abril la mina de Craíbas, en Alagoas, por 420 millones de dólares. Desde entonces, ha enviado múltiples cargamentos de minerales a su país, ampliando su presencia en la región.
El impacto ambiental y social de la minería ilegal
Brasil ocupa el segundo lugar en producción minera de oro, con Minas Gerais, Mato Grosso, Bahía, Pará, Maranhão y Goiás como principales regiones extractivas. Los nuevos yacimientos descubiertos en el norte y noreste potencian aún más la fiebre del oro. Sin embargo, la extracción ilegal genera graves daños ambientales y sociales. El oro incautado frecuentemente proviene de zonas indígenas, donde los grupos delictivos construyen rutas clandestinas, transportan el metal por ríos o carreteras y operan con maquinaria sofisticada, a menudo de origen chino.
Además, los garimpeiros ilegales han creado redes con apoyo transnacional, facilitando el blanqueo de oro y la logística de exportación. Estas redes no solo afectan la economía formal y la recaudación fiscal, sino que también incrementan la violencia, explotación laboral y degradación ambiental.
Las autoridades brasileñas han implementado medidas como el Plan Nacional “Oro sin mercurio”, supervisando la legalidad de la extracción y promoviendo prácticas sostenibles. El Tribunal Supremo Federal también reforzó la obligación de verificar la procedencia del oro, lo que redujo la entrada de oro ilegal al mercado formal de 31 toneladas en 2022 a 17 toneladas en 2023, un descenso del 45%.
Sin embargo, la presión del mercado internacional ha trasladado parte de estas actividades a países vecinos, como Perú y Guyana. En Perú, la industrialización de minas artesanales por operadores chinos ha aumentado la contaminación por cianuro, mientras que la escasa presencia del Estado facilita la expansión del tráfico de oro hacia Asia.
El desafío de Brasil sigue siendo equilibrar la explotación de sus recursos con la protección del medio ambiente y de las comunidades locales. La fiebre del oro, impulsada por la demanda china, evidencia que la lucha contra la minería ilegal es un reto global, que requiere cooperación internacional y políticas firmes para preservar los recursos y la integridad de las regiones afectadas.
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