La Audiencia Provincial de Badajoz condenó a David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a nueve años de inhabilitación al concluir que la creación y adjudicación de un puesto público formó parte de un plan irregular para favorecerlo. La resolución también impone la misma sanción al expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo.
La Audiencia Provincial de Badajoz condenó a David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, a nueve años de inhabilitación especial para ocupar empleo o cargo público y para ejercer el derecho de sufragio pasivo, tras encontrarlo responsable, por cooperación necesaria, de un delito de prevaricación administrativa.
La resolución judicial concluye que la plaza pública que ocupó David Sánchez fue creada de manera irregular con el propósito específico de beneficiarlo. Según la sentencia, existieron suficientes elementos de prueba para acreditar la existencia de un plan impulsado desde las más altas instancias de la Diputación de Badajoz.
El fallo sostiene que la actuación de los implicados respondió a una estrategia previamente acordada para favorecer al hermano del mandatario español mediante la creación de un puesto que el tribunal calificó como innecesario y carente de contenido funcional.
El tribunal concluye que existió un plan para favorecer a David Sánchez
En la sentencia, el juez señala que los indicios acreditados mediante prueba directa permiten concluir, conforme a criterios de lógica y razonabilidad, que los acusados conocían el objetivo de crear una plaza destinada a beneficiar a David Sánchez Pérez-Castejón.
Asimismo, establece que los 11 procesados actuaron de manera coordinada para ejecutar actos administrativos considerados arbitrarios, orientados a privilegiar un interés particular por encima del interés general.
La resolución judicial sostiene que la creación urgente del puesto de coordinador de actividades de los conservatorios respondió exclusivamente a ese propósito, al considerar que se trataba de una plaza innecesaria y sin una justificación administrativa suficiente.
También fue condenado el expresidente de la Diputación de Badajoz
Además de David Sánchez, el tribunal condenó al exsecretario general del PSOE en Extremadura y expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, como autor de dos delitos de prevaricación administrativa.
Por esos hechos, Gallardo recibió dos penas de nueve años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo.
Tras conocerse la resolución, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible de España, Óscar Puente, cuestionó el fallo mediante un mensaje publicado en la red social X.
El funcionario sostuvo que este periodo será recordado como una etapa en la que, a su juicio, se tensionaron las instituciones del Estado con el propósito de intentar derribar al Gobierno por vías distintas a las electorales. Además, atribuyó esa situación a la incapacidad de la oposición para lograr un cambio de gobierno mediante las urnas.
La sentencia representa uno de los casos judiciales de mayor impacto político para el entorno cercano del presidente Pedro Sánchez, al involucrar directamente a un integrante de su familia y a uno de los principales dirigentes socialistas de Extremadura.
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