La administración de EE. UU. impulsa en la ONU la creación de una Fuerza de Supresión de Pandillas en Haití, ante el aumento de la violencia que dejó más de 5.600 muertos en 2024. La iniciativa, presentada junto con Panamá, requiere la aprobación del Consejo de Seguridad, pero la falta de apoyo de China y Rusia complica su viabilidad. La propuesta contempla 5.500 efectivos equipados para operar contra bandas criminales y la instalación de una oficina de la ONU en Puerto Príncipe.
El proyecto busca reemplazar la actual Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en Haití y ofrecer una respuesta coordinada frente a los grupos armados que controlan sectores clave de la capital y otras ciudades. Estados Unidos pretende que la misión tenga autoridad para realizar arrestos, con capacidad letal, y cuente con logística garantizada por la ONU para garantizar eficacia operativa.
La propuesta también prevé la creación de una oficina permanente de Naciones Unidas en Puerto Príncipe, con el objetivo de mejorar la coordinación y evitar retrasos en la entrega de recursos, como ocurrió con donaciones anteriores que tardaron meses en llegar a Haití. Sin embargo, la aceptación formal de la misión depende del voto de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad: EE. UU., China, Rusia, Francia y Reino Unido. Cualquier veto de estos países bloquearía la iniciativa.
El desafío diplomático ante China y Rusia
Aunque Donald Trump cuenta con el respaldo de Francia y Reino Unido, la oposición de Xi Jinping y Vladimir Putin representa un obstáculo clave. China cuestiona los aranceles impuestos a sus exportaciones, mientras Rusia espera que EE. UU. modere las sanciones derivadas de la guerra en Ucrania. Por ello, la administración estadounidense busca que ambos países se abstengan durante la votación, en lugar de ejercer veto directo, para que la misión pueda aprobarse antes de que termine 2025, cuando finaliza el mandato de la misión actual.
Paralelamente, EE. UU. presentó el proyecto ante la OEA para sumar apoyo regional y garantizar un respaldo diplomático previo a la votación del Consejo de Seguridad. El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, lidera las negociaciones para generar consenso entre los países miembros, incluyendo Panamá, CARICOM, Argentina, Paraguay, Ecuador, El Salvador, Uruguay y Perú. Esto permitiría que la iniciativa avance sin necesidad de votación pública y con respaldo unificado de la región.
Pese al consenso parcial, algunos países como Brasil, México y Colombia observan con cautela la propuesta, cuestionando la dimensión política y militar de la misión. Los gobiernos aliados de Lula da Silva, Gustavo Petro y Claudia Sheinbaum siguen con atención la negociación, mientras se discute la capacidad de la fuerza internacional para actuar sin generar tensiones adicionales.
El secretario de Estado, Marco Rubio, ha señalado la importancia de una respuesta organizada frente al crimen en Haití, aunque reconoce que la diplomacia regional y las discrepancias internacionales complican la implementación de la misión. La creación de esta fuerza representa un desafío geopolítico y estratégico para EE. UU., al intentar equilibrar la seguridad en Haití con la dinámica de poder en el Consejo de Seguridad y la OEA.
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