El Ejército de Estados Unidos atacó cuatro embarcaciones en el Pacífico Oriental que, según su inteligencia, transportaban narcóticos; el saldo reportado por Washington es de 14 personas muertas y un sobreviviente. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, afirmó que las operaciones ocurrieron en aguas internacionales y que las fuerzas estadounidenses no tuvieron bajas. México aceptó coordinar el rescate del único sobreviviente, pero en la operación surgen preguntas sobre pruebas, jurisdicción y el impacto diplomático entre ambos países.
La versión oficial de Washington asegura que las embarcaciones atacadas transitaban rutas usadas por el narcotráfico y que estaban operadas por “Organizaciones Terroristas Designadas (OTD)”. Pete Hegseth publicó en redes sociales que el operativo, ordenado por el presidente Trump, incluyó “tres ataques cinéticos letales” contra esas lanchas. El portavoz del Comando Sur (USSOUTHCOM) agregó que los objetivos eran embarcaciones con historial en tráfico de drogas y que los ataques no causaron víctimas entre las fuerzas estadounidenses.
Según el recuento entregado por Hegseth, la primera lancha dejó ocho muertos, la segunda cuatro, y de la tercera embarcación —que llevaba tres personas— dos murieron y una sobrevivió. No se ofrecieron detalles sobre la cuarta lancha en el mensaje público. El funcionario afirmó además que estas operaciones forman parte de una campaña más amplia que, desde su inicio, suma cerca de 60 muertes relacionadas con ataques a embarcaciones sospechosas en el Caribe y el Pacífico.
El Comando Sur inició protocolos de Búsqueda y Rescate (SAR) y, de inmediato, las autoridades mexicanas de búsqueda y rescate “aceptaron el caso y asumieron la responsabilidad de coordinar el rescate” del sobreviviente, según Hegseth. La entrega de esa responsabilidad a México apunta a una coordinación operativa puntual, pero no evita que el episodio abra un frente diplomático por la naturaleza y la legitimidad de los ataques.
La operación y sus dudas: pruebas, legalidad y consecuencias diplomáticas
Que los ataques se hayan realizado en aguas internacionales no elimina la necesidad de transparencia. ¿Qué evidencia considera USSOUTHCOM suficiente para calificar a esas embarcaciones como objetivos legítimos? ¿Hubo advertencias, intentos de detención o esfuerzos por seguir protocolos no letales? Las declaraciones públicas de Hegseth no detallaron cadenas de inteligencia ni grabaciones que sustenten la relación directa de las embarcaciones con redes terroristas o terroristas designados.
Expertos en derecho internacional consultados por distintos medios señalan que los ataques en aguas internacionales requieren una base jurídica sólida y, generalmente, coordinación con los estados afectados cuando hay posibilidad de impactar a nacionales o intereses civiles. El hecho de que México haya aceptado coordinar el rescate del sobreviviente sugiere cooperación operativa, pero no equivale a una aprobación explícita de los métodos empleados por Estados Unidos.
La narrativa oficial de Washington incluye una comparación durísima: Hegseth sostuvo que estos “narcoterroristas han matado a más estadounidenses que Al-Qaeda” y advirtió que serán perseguidos “y luego, cazados y matados”. Frases así intensifican el tono bélico y complican el diálogo diplomático. En México es probable que autoridades y organizaciones civiles exijan clarificaciones y pruebas; también pueden surgir demandas por posibles violaciones a derechos humanos si se demuestra uso excesivo de la fuerza.
En lo práctico, estas operaciones afectan rutas del tráfico de droga, sí, pero también alteran la seguridad marítima regional. El despliegue de activos contundentes, incluido el portaaviones USS Gerald Ford recientemente enviado al área, muestra que la Casa Blanca prioriza una estrategia militar robusta en la región. Esa decisión tiene costos: mayor riesgo de incidentes, presiones sobre países costeros y desgaste en la cooperación bilateral si no hay transparencia.
Finalmente, está el capítulo humanitario. Catorce muertos y un sobreviviente requieren investigación independiente y acceso a la evidencia para evitar que la operación quede solo como un comunicado de prensa. Periodistas y organismos internacionales pedirán datos que hoy no se encuentran en la nota oficial: bitácoras, comunicaciones previas al ataque, imágenes y la cadena de custodia del superviviente.
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