A partir de este jueves, el Gobierno de Estados Unidos comenzó a cobrar una tarifa de mil dólares a los beneficiarios del programa de ‘parole’ humanitario, una medida que marca un cambio sustancial en la política migratoria y que ha generado controversia entre defensores de derechos humanos. El programa, que permite la entrada temporal de migrantes por razones urgentes, enfrenta ahora un nuevo obstáculo económico bajo la administración del presidente Donald Trump.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) informó que el cobro aplica “a cualquier extranjero que reciba un permiso de permanencia temporal en Estados Unidos, siempre que no cumpla con una excepción específica”. La disposición alcanza incluso a quienes ya presentaron su solicitud y están a la espera de aprobación.
El pago, según el DHS, se aplicará en el momento de la inspección en un puerto de entrada o cuando el beneficiario se encuentre físicamente en territorio estadounidense. En caso de no realizar el pago, el permiso será cancelado de inmediato, lo que podría derivar en procesos de deportación.
Excepciones humanitarias limitadas
La norma contempla ciertas excepciones: quienes enfrenten emergencias médicas, deban asistir a funerales o puedan demostrar que su presencia en el país representa un “beneficio público significativo” —como colaborar con el Gobierno en casos de aplicación de la ley—, podrían quedar exentos del pago.
Sin embargo, organizaciones de apoyo a migrantes han alertado que la medida afectará principalmente a personas de bajos recursos y a solicitantes de asilo provenientes de Haití, Nicaragua y Venezuela, los mismos grupos a los que la administración Trump ha intentado restringir el acceso al ‘parole’ desde su regreso a la Casa Blanca en enero.
Trump endurece su agenda migratoria
La tarifa fue introducida dentro del paquete legislativo denominado ‘One Big Beautiful Bill’, aprobado en julio, pieza clave en la agenda migratoria del presidente estadounidense. Este proyecto de ley amplía la capacidad del Ejecutivo para imponer cobros y condiciones adicionales a los trámites de ingreso humanitario.
Republicanos del Comité Judicial de la Cámara de Representantes habían propuesto desde abril establecer un pago de mil dólares para solicitudes de asilo, además de otros incrementos en servicios migratorios. Ahora, esa propuesta se materializa con el nuevo cobro obligatorio para quienes soliciten o mantengan un permiso de permanencia temporal.
El gobierno estadounidense argumenta que el nuevo cobro busca “compensar los costos administrativos” del programa, pero los críticos sostienen que se trata de un mecanismo para desalentar solicitudes de refugio y limitar la migración humanitaria, especialmente de países con crisis políticas y económicas.
Impacto en los programas humanitarios de la región
Desde enero, Washington ha intentado revertir los programas de ‘parole’ establecidos para nacionales de Haití, Nicaragua y Venezuela, argumentando supuestos abusos del sistema. Expertos en derechos migratorios advierten que esta medida podría incrementar los flujos migratorios irregulares hacia la frontera sur, al cerrar vías legales de ingreso.
En paralelo, el Tesoro y el Departamento de Seguridad Nacional enfrentan críticas internas por los posibles efectos diplomáticos de la decisión. Varias organizaciones civiles han anunciado que interpondrán recursos legales para detener la implementación del cobro, argumentando que viola principios humanitarios y tratados internacionales sobre refugio y protección de personas vulnerables.
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