La Casa Blanca anunció este martes que Estados Unidos está dispuesta a emplear “todos los elementos de su poder” para detener el flujo de drogas a través de sus fronteras y llevar a los responsables ante la justicia, según afirmó la portavoz Karoline Leavitt. Este anuncio acompaña el despliegue de tres destructores estadounidenses —USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson—, con cerca de 4,000 soldados a bordo, hacia aguas del Caribe cercanas a Venezuela. La operación, que incluye aviones espía P-8, acorazados y submarinos de ataque según Reuters, responde a la estrategia de la administración de Donald Trump para combatir a los carteles de la droga en América Latina y se extenderá por varios meses, según un alto cargo del Pentágono que habló bajo anonimato.
Trump ha vinculado a estos carteles con el aumento de la violencia y la entrada de fentanilo que, asegura, destruye comunidades estadounidenses. Esta postura se refuerza con una directiva secreta firmada a principios de mes, autorizando al Pentágono a usar fuerza militar contra grupos etiquetados como organizaciones terroristas extranjeras, una categoría que en febrero extendió al Tren de Aragua venezolano, la mara MS-13 de El Salvador y seis carteles mexicanos. Esta designación, reservada tradicionalmente para grupos con fines políticos violentos, se basa en las actividades delictivas y conexiones internacionales de estas pandillas, según la administración republicana.
En el centro de esta ofensiva está Nicolás Maduro, a quien el Departamento de Estado ha elevado a 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a su detención, acusándolo de liderar el Cartel de los Soles, una red supuestamente integrada por altos funcionarios venezolanos. Leavitt fue tajante: “El régimen de Maduro no es el gobierno legítimo de Venezuela. Es un cartel del narcotráfico. Y Maduro no es el presidente legítimo. Es el líder fugitivo de ese cartel”. Estas declaraciones reflejan un desconocimiento total de la legitimidad del gobierno venezolano por parte de Washington, que lo considera un actor criminal en lugar de un estado soberano, ignorando los resultados de las elecciones de 2024 que Maduro reclama como victoria, pese a las acusaciones de fraude rechazadas por la comunidad internacional.
Caracas ha respondido con firmeza. Este martes, Maduro anunció la movilización de cuatro millones de efectivos de la Milicia Nacional y la activación de “todos los mecanismos necesarios” para proteger la soberanía venezolana, calificando las acciones estadounidenses como una amenaza renovada. Esta escalada militar se suma a la tensión tras la duplicación de la recompensa, que el gobierno venezolano denuncia como una cortina de humo para desviar atención de otros asuntos.
Una estrategia controvertida
La narrativa de EE. UU. choca con la realidad compleja de Venezuela, donde el régimen de Maduro, aunque debilitado por sanciones y crisis económica, mantiene control interno y rechaza categóricamente las acusaciones de narcotráfico. La designación de carteles como terroristas y la recompensa por Maduro, que supera la ofrecida por Osama bin Laden, sugieren una escalada geopolítica más allá del combate al narcotráfico, apuntando a un cambio de régimen. Sin embargo, esta postura unilateral ignora las operaciones antidrogas que Venezuela reporta, como las 51 toneladas decomisadas este año, según su ministro de Defensa.
El despliegue militar, aunque en aguas internacionales, pone a prueba la soberanía regional y las relaciones con México, donde la presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado cualquier intervención extranjera, defendiendo una cooperación basada en respeto mutuo. Mientras Trump presiona a América Latina, la respuesta de Maduro y la falta de reconocimiento de su gobierno por EE.UU. podrían exacerbar las tensiones, dejando en duda si esta estrategia militar logrará sus objetivos o solo profundizará el conflicto en la región.
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