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    Fiscalía de Noruega imputa a Marius Borg Høiby por 32 delitos, incluyendo cuatro violaciones

    La Fiscalía de Noruega ha presentado este lunes una imputación formal contra Marius Borg Høiby, hijo de la princesa heredera Mette-Marit y enteado del príncipe heredero Haakon, por un total de 32 delitos graves cometidos entre 2018 y 2024. Entre los cargos más serios figuran cuatro violaciones —una con penetración y tres sin ella— y actos de violencia machista contra su expareja, Nora Haukland, en un caso que ha sacudido a la familia real noruega y captado la atención internacional. La investigación, iniciada hace más de un año tras su arresto el 4 de agosto de 2024 por presunta agresión a su entonces novia, se expandió tras una serie de denuncias que revelaron un patrón de comportamiento abusivo. El fiscal general, Sturla Henriksbø, calificó el caso como “extremadamente grave”, subrayando que “la violencia machista y las violaciones pueden dejar profundas cicatrices y destruir vidas”, en declaraciones a la emisora NRK.

    Además de las violaciones, Borg Høiby enfrenta acusaciones por amenazas de muerte, agresión a un agente de policía, daños materiales, alteración del orden público y múltiples infracciones de tráfico, incluyendo conducción bajo los efectos de alcohol o drogas. Entre las pruebas presentadas por la fiscalía se incluyen mensajes de texto, videos —algunos grabados sin consentimiento mientras las víctimas estaban inconscientes— y testimonios de más de una decena de personas afectadas, entre ellas varias exparejas. Uno de los incidentes más notorios ocurrió en Skaugum, la residencia oficial de los príncipes herederos, lo que ha intensificado el escándalo. Si es declarado culpable, el joven de 28 años podría enfrentar una pena máxima de 10 años de prisión, aunque su abogado, Petar Sekulic, ha indicado que Høiby niega las acusaciones de violación y violencia doméstica, admitiendo solo cargos menores como agresión y daños bajo influencia de sustancias.

    Contexto personal y familiar

    Marius Borg Høiby, nacido el 13 de enero de 1997 de una relación previa de Mette-Marit con Morten Borg —quien también tiene antecedentes penales por drogas y violencia—, entró en la esfera pública a los cuatro años cuando su madre se casó con el príncipe Haakon en 2001.

    A diferencia de sus hermanastros, la princesa Ingrid Alexandra y el príncipe Sverre Magnus, Høiby no tiene título nobiliario ni responsabilidades oficiales en la monarquía, pero su crianza en el entorno real lo ha mantenido bajo el escrutinio mediático. Su historial incluye un incidente en 2017 por consumo de cocaína en un festival, resuelto con una multa, y una estancia en rehabilitación en Londres.

    En 2024, tras su primer arresto, reconoció públicamente problemas con el alcohol, drogas y salud mental, lo que ha llevado a la familia real a buscar apoyo profesional, según confesó Mette-Marit en una entrevista previa.

    El caso ha generado un impacto significativo en la imagen de la Casa Real noruega, especialmente para Mette-Marit, quien enfrenta este escándalo en un momento de fragilidad personal tras su diagnóstico de fibrosis pulmonar crónica en 2018. El príncipe Haakon ha reconocido la “gravedad” de las imputaciones, mientras el palacio ha mantenido una postura reservada, limitándose a declarar que el asunto corresponde a la justicia. A Høiby se le retiró el pasaporte diplomático tras su arresto, y aunque ha continuado viajando —fue visto esquiando y en la Costa Azul—, su situación legal lo mantiene en el centro de la polémica.

    Repercusiones y perspectiva judicial

    La imputación formal marca un paso crucial hacia el juicio, programado para mediados de enero de 2026 con una duración estimada de seis semanas. La fiscalía sostiene que las evidencias, como grabaciones y testimonios, son irrefutables, mientras la defensa planea centrarse en desestimar los cargos más graves, argumentando que algunos actos ocurrieron en contextos de consumo de sustancias que comprometen la intención criminal. Henriksbø ha enfatizado que el estatus de Høiby no influirá en el proceso, asegurando “igualdad ante la ley”, un principio que busca disipar percepciones de favoritismo hacia la realeza.

    El caso ha desatado debates en Noruega sobre la responsabilidad de la familia real ante los actos de sus miembros no oficiales y la presión mediática sobre Høiby, quien creció en un entorno privilegiado pero sin las obligaciones de la corona. Algunos ven el escándalo como un reflejo de los desafíos personales de un joven criado bajo el foco público sin una estructura institucional clara, mientras otros critican la aparente lenidad inicial del sistema judicial. La resolución del juicio será clave no solo para determinar su destino legal, sino también para evaluar cómo la monarquía noruega maneja esta crisis, que ha opacado su imagen de estabilidad y modernidad en un país donde el apoyo a la realeza ronda el 70% según encuestas recientes.

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