La Fiscalía de la Nación de Perú anunció el inicio de una investigación preliminar contra la presidenta Dina Boluarte por presunta omisión de funciones y posible “abandono de cargo”. Este proceso se suma a varias investigaciones que ya enfrentaba la mandataria.
Contexto de la investigación
Según el Ministerio Público, la investigación se centra en el presunto incumplimiento de Boluarte de comunicar al Consejo de Ministros y al Congreso un impedimento temporal para ejercer su cargo. Este hecho habría ocurrido entre el 29 de junio y el 9 de julio de 2023, período en el que la presidenta fue sometida a un procedimiento quirúrgico.
El exprimer ministro, Alberto Otárola, declaró ante una comisión fiscalizadora del Congreso que Boluarte se sometió a una operación nasal debido a problemas respiratorios. Otárola aseguró que, pese al procedimiento, la presidenta no desatendió sus funciones.
Posibles consecuencias en el Congreso
La falta de notificación oficial sobre su operación ha generado críticas entre legisladores de oposición, quienes consideran que este hecho podría justificar un nuevo proceso de destitución en el Parlamento bajo la acusación de abandono de cargo. Argumentan que la recuperación postoperatoria requería atención especial y pudo interferir con sus responsabilidades como jefa de Estado.
Por su parte, el actual jefe del gabinete, Gustavo Adrianzén, defendió a Boluarte afirmando que “nunca abandonó su cargo” y destacó el derecho a la confidencialidad respecto a la salud de las personas.
Otras investigaciones en curso
Esta no es la primera vez que Boluarte enfrenta investigaciones. En mayo de 2023, la Fiscalía abrió un caso por presunto “cohecho” y enriquecimiento ilícito relacionado con el uso indebido de relojes de lujo Rolex. Además, la presidenta está siendo investigada por las muertes de decenas de personas durante las protestas que estallaron entre finales de 2022 y principios de 2023, tras el arresto del expresidente Pedro Castillo.
Boluarte niega las acusaciones
Boluarte, quien asumió el cargo a finales de 2022 tras la destitución de Castillo, ha rechazado todas las acusaciones en su contra. A sus 62 años, continúa enfrentando un panorama político y judicial complicado mientras busca mantener la estabilidad en su administración.
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