Human Rights Watch (HRW) denunció que los ataques realizados por fuerzas de Estados Unidos contra lanchas en aguas del mar Caribe, que dejaron al menos 14 muertos, constituyen “asesinatos extrajudiciales ilícitos”. La organización recordó que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al que Washington está suscrito, protege el derecho a la vida y obliga a que cualquier uso de fuerza letal sea estrictamente necesario y proporcional.
HRW: no hay guerra que justifique ejecuciones en el mar
De acuerdo con Sarah Yager, directora en Washington de HRW, “los funcionarios estadounidenses no pueden matar sumariamente a personas a quienes acusan de traficar drogas”. La crítica se produjo tras la admisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que las operaciones navales en la región tenían como objetivo frenar la entrada de narcóticos provenientes de Venezuela.
La Administración estadounidense ha confirmado al menos dos ataques letales en aguas cercanas a Venezuela. Washington sostiene que las embarcaciones estaban vinculadas con el narcotráfico y que los tripulantes intentaban introducir cocaína y fentanilo a territorio estadounidense.
HRW enfatizó que el narcotráfico no constituye un conflicto armado internacional ni interno, por lo que las normas de derechos humanos aplican en su totalidad. “Los funcionarios estadounidenses no pueden eludir sus obligaciones en materia de derechos humanos fingiendo lo contrario”, recalcó Yager.
En su comunicado, la organización recordó que los estándares internacionales exigen que las autoridades reduzcan al mínimo el uso de la fuerza y preserven la vida humana, utilizando la fuerza letal solo cuando sea inevitable para repeler una amenaza inminente de muerte o lesiones graves.
Escalada en el Caribe con narrativa belicista
El 2 de septiembre, Trump anunció que una lancha proveniente de Venezuela, presuntamente con 11 integrantes del grupo criminal Tren de Aragua, había sido destruida por fuerzas estadounidenses, provocando la muerte inmediata de sus ocupantes. Días después, declaró que otro ataque acabó con tres tripulantes de otra embarcación, la cual, según él, transportaba cocaína y fentanilo.
Posteriormente, el mandatario aseguró que en total se habían realizado tres operaciones, aunque no ofreció más detalles sobre el tercer caso.
La retórica oficial en Washington ha sido abiertamente belicista. Trump ha enmarcado estas acciones como parte de la “defensa nacional” frente a una supuesta amenaza directa de Venezuela, a la que acusa de permitir que organizaciones criminales utilicen sus costas como ruta hacia EE. UU.
Reacciones y críticas internacionales
Caracas ha condenado de forma enérgica las acciones estadounidenses, calificándolas como un “operativo ilegal” en aguas internacionales. Funcionarios venezolanos aseguran que Washington está utilizando la lucha antidrogas como pretexto para justificar incursiones militares en la región.
Diversos juristas y defensores de derechos humanos han advertido que la práctica de derribar embarcaciones con ocupantes constituye una violación del derecho internacional. Al tratarse de acciones fuera de un marco de conflicto armado, estas operaciones serían equiparables a ejecuciones sumarias prohibidas por tratados internacionales.
El debate se intensifica mientras la política de EE. UU. en el Caribe sigue avanzando bajo un enfoque militar. Aunque Washington insiste en que las medidas buscan frenar el flujo de drogas, las críticas apuntan a que la estrategia prioriza la fuerza por encima del respeto a los derechos fundamentales.
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