En los primeros nueve meses del Gobierno de Donald Trump, el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por su sigla en inglés) detuvo a más de 75,000 personas sin historial penal, lo que representa más de un tercio del total de 220,000 arrestos realizados durante ese período en operaciones migratorias enfocadas en criminales violentos, según datos divulgados por NBC News.
El informe, basado en cifras obtenidas por el ‘Deportation Data Project’ de la Universidad de California, Berkeley, revela que la mayoría de los detenidos eran hombres (aproximadamente 90 %) y que la nacionalidad más frecuente fue la mexicana, seguida por guatemaltecos y hondureños. Sin embargo, los datos no detallan si los arrestados con antecedentes cometieron delitos menores o graves, como homicidio o violación.
Estos 75,000 casos no incluyen las detenciones realizadas por la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por su sigla en inglés), que también llevó a cabo redadas en grandes ciudades como Los Ángeles, por lo que la cifra total de personas sin historial penal afectadas por políticas migratorias podría ser aún mayor.
Reporte indica que 23.000 figuran como deportación voluntaria
El reporte indica que casi 23,000 de los detenidos sin antecedentes figuran en la categoría de deportación voluntaria, aunque no se precisó cuántos ya fueron efectivamente deportados. Las detenciones fueron resultado de operativos en distintos puntos del país, enmarcados dentro de la estrategia migratoria del Gobierno estadounidense, que ha buscado priorizar la captura de delincuentes peligrosos, pero que según los datos evidencia un alto número de personas detenidas sin infracciones previas.
El ‘Deportation Data Project’ obtuvo la información mediante una demanda contra ICE, accediendo a datos internos sobre arrestos, detenciones y deportaciones que habitualmente no se hacen públicos. Esto permite dimensionar el impacto de las políticas migratorias y el alcance de las redadas, cuestionando la efectividad y selectividad de las operaciones anunciadas por la administración Trump.
Los analistas señalan que estas cifras podrían generar preocupación por la inclusión de personas sin antecedentes penales en operativos que supuestamente buscaban únicamente criminales peligrosos. Además, los retrasos y la falta de claridad sobre la deportación final de estos individuos aumentan la incertidumbre sobre el cumplimiento de los procedimientos legales y los derechos de los migrantes.
Tensión social en regiones con alta presencia de migrantes
Grupos defensores de derechos humanos y organizaciones civiles han señalado que este tipo de detenciones masivas puede generar riesgos para las familias de los afectados, interrumpir la vida laboral y educativa de comunidades enteras, y aumentar la tensión social en regiones con alta presencia migrante.
El tema llega en un contexto en que el Gobierno de EE. UU. mantiene políticas estrictas contra la migración irregular, reforzando controles fronterizos y expandiendo operativos dentro del territorio, lo que ha provocado críticas tanto dentro como fuera del país por la falta de criterios claros sobre quién debe ser arrestado y la transparencia de los procesos.
También te puede interesar: Honduras sin presidente electo por fallas en conteo y denuncias de nulidad electoral
