Una jueza federal de Estados Unidos falló que el Gobierno del presidente Trump actuó ilegalmente al congelar más de 2,200 millones de dólares en subvenciones de investigación a la Universidad de Harvard. La magistrada Allison Burroughs, con sede en Boston, determinó que la Administración violó los derechos de libertad de expresión de la institución y usó acusaciones de antisemitismo como pretexto para un ataque selectivo y motivado políticamente. Este fallo representa una victoria legal importante para la universidad, que buscaba poner fin a un conflicto prolongado con la Casa Blanca.
Acusaciones contra Harvard
Harvard, ubicada en Cambridge, Massachusetts, se convirtió en foco central de la campaña gubernamental para condicionar el financiamiento federal a cambios internos. La universidad fue acusada de no proteger adecuadamente a estudiantes judíos y de supuesta influencia de ideologías de “izquierda radical”. La institución argumentó que la suspensión de fondos constituía represalia por negarse a aceptar demandas de revisión de gobernanza, contratación y programas académicos, lo que violaba sus derechos según la Primera Enmienda de EE. UU.
La jueza Burroughs reconoció que Harvard había tolerado ciertos comportamientos de odio durante demasiado tiempo, pero subrayó que el Gobierno de Trump “utilizó el antisemitismo como cortina de humo para un asalto dirigido e ideológicamente motivado” contra universidades destacadas del país. Además, señaló que otras instituciones, como Columbia, aceptaron pagar millones para restaurar sus fondos, mientras Harvard mantuvo su posición firme.
Implicaciones de la sentencia sobre fondos federales
El fallo prohíbe al Ejecutivo suspender, retener o negar futuros pagos de fondos federales a Harvard, aunque no ordena expresamente la liberación inmediata de los mismos. Expertos legales consideran que esta decisión sienta un precedente importante sobre los límites del poder gubernamental para condicionar la financiación de instituciones educativas y reafirma la protección de la autonomía universitaria frente a represalias políticas.
Burroughs calificó las alegaciones de antisemitismo como “arbitrarias en el mejor de los casos y un pretexto en el peor”, enfatizando que la Administración de Trump aplicó medidas de manera selectiva, afectando principalmente a Harvard mientras otras universidades cumplían con requisitos similares.
Reacciones y próximos pasos
La Casa Blanca respondió mediante su portavoz Liz Huston, anunciando que apelará el fallo, al que calificó de “flagrante”. La portavoz señaló que Harvard no protegió a sus estudiantes del acoso y que, según la Administración, la universidad carece de derecho constitucional a recibir fondos públicos, manteniéndose no elegible para futuras subvenciones.
Analistas destacan que la resolución refuerza la separación de poderes y subraya la importancia de la independencia académica en Estados Unidos, especialmente cuando la distribución de recursos federales puede verse influenciada por intereses políticos directos. Además, la decisión podría motivar a otras universidades a defender su autonomía ante presiones del Gobierno y a cuestionar procesos arbitrarios de retención de fondos.
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