Una jueza federal en Florida ordenó el cierre del centro migratorio conocido como “Alligator Alcatraz”, al oeste de Miami, en un plazo máximo de 60 días, al concluir que su operación vulnera la protección ambiental de los Everglades. La decisión detiene el ingreso de nuevos migrantes y prohíbe la expansión del complejo, que fue inaugurado apenas en julio de 2025 bajo el impulso del gobernador Ron DeSantis.
La jueza Kathleen Williams, del Distrito Sur de Florida, falló parcialmente a favor de las organizaciones ambientales Friends of The Everglades y Center for Biological Diversity, así como de la tribu indígena Miccosukee, que reclamaron ante el tribunal por la devastación del ecosistema. El centro, instalado en un antiguo aeropuerto abandonado, tenía capacidad para 2 mil personas y proyectaba ampliarse hasta 4 mil detenidos, lo que agravó la oposición de ambientalistas y comunidades locales.
La resolución judicial no solo ordena cerrar las operaciones, también impide añadir infraestructura adicional, como dormitorios, oficinas o instalaciones permanentes. Además, prohíbe nuevas excavaciones, pavimentación y cercos, y obliga al gobierno estatal a retirar iluminación, gas y drenaje una vez que se cumpla el plazo fijado. La medida incluye abrir el acceso a la tribu Miccosukee, históricamente desplazada de ese territorio.
Un fallo con implicaciones ambientales y políticas
El caso exhibe la tensión entre la política migratoria del estado de Florida y la defensa ambiental. Los Everglades albergan 36 especies en peligro de extinción, entre ellas panteras, cigüeñas, caimanes y cocodrilos. La instalación de un centro migratorio masivo en esa zona fue interpretada por especialistas como un riesgo directo a la biodiversidad y como un precedente preocupante de uso político del territorio.
“Esta es una victoria emblemática para los Everglades y para quienes creemos que la vida silvestre debe protegerse, no sacrificarse en nombre de la política”, expresó Eve Samples, directora ejecutiva de Friends of The Everglades. Su declaración marca la lectura ambientalista del caso, pero también abre un frente de debate nacional sobre el choque entre política migratoria y justicia ambiental.
El fallo llega en un contexto en el que el gobernador DeSantis buscaba reforzar su imagen con medidas duras contra la migración, en línea con la agenda de seguridad fronteriza impulsada desde la Casa Blanca por el presidente Donald Trump. La clausura de “Alligator Alcatraz” golpea directamente esa narrativa y podría escalar en tribunales de apelación, pues tanto DeSantis como el fiscal general de Florida, James Uthmeier, ya cuestionaron la legitimidad de la jueza Williams, nominada en su momento por Barack Obama.
Migración, derechos humanos y disputa judicial
El centro migratorio fue objeto de críticas desde su apertura. Además de los reclamos ambientales, organizaciones de derechos humanos como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) impulsan demandas paralelas por presuntos abusos contra personas detenidas. Testimonios de migrantes reportaron condiciones insalubres, hacinamiento y violaciones a derechos básicos, lo que reforzó la presión para cerrar el complejo.
El congresista demócrata Maxwell Frost, tras visitar las instalaciones, informó que el número de personas retenidas se redujo a 336, apenas un tercio de las que había semanas atrás. Según él, el propio estado comenzó a desalojar el centro en previsión del fallo judicial.
Aunque la decisión judicial representa un triunfo simbólico para ambientalistas e indígenas, no garantiza el fin definitivo de la batalla. Los equipos legales del gobierno estatal podrían prolongar la disputa en tribunales federales y usar el caso como bandera política de resistencia frente a la justicia federal. Lo que está en juego trasciende un solo centro migratorio: es el choque entre dos visiones de país, una que prioriza el control migratorio a cualquier costo y otra que exige poner límites legales para proteger el medio ambiente y los derechos humanos.
También te puede interesar: La ONU declara hambruna en Gaza; Israel rechaza el informe y acusa a Hamas
