El presidente de Argentina, Javier Milei, designó por decreto a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como nuevos miembros de la Corte Suprema de Justicia. Tomó esta decisión luego de que el Senado no otorgara el respaldo necesario para su nombramiento.
El gobierno justificó la medida en un comunicado del 25 de febrero. Argumentó que la Corte Suprema opera con solo tres magistrados y que las nominaciones de Lijo y García-Mansilla se presentaron hace casi un año cumpliendo con los requisitos legales. Sin embargo, el Senado evitó tomar una decisión.
El rechazo del Senado
La falta de apoyo en la Cámara Alta complicó la designación. Incluso sectores opositores cercanos a Milei mostraron reservas. En especial, la figura de Lijo generó críticas debido a denuncias previas por supuesto enriquecimiento ilícito y otros cuestionamientos sobre su desempeño judicial.
El bloque de Unión por la Patria, alineado con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, anticipó su oposición. Advirtió que rechazará cualquier pliego de acuerdo de quienes acepten una designación en la Corte Suprema mediante decreto.
Legalidad de la medida
El decreto tendrá vigencia por nueve meses, hasta el final del periodo legislativo. Luego, el Senado deberá ratificar los nombramientos para que sean definitivos.
El gobierno sostiene que su acción se basa en la Constitución, la cual permite al Ejecutivo cubrir vacantes durante el receso legislativo. Sin embargo, expertos en derecho constitucional cuestionan la legalidad de la medida. El abogado Andrés Gil Domínguez afirmó que estos decretos no pueden sustituir los procedimientos regulares. Además, alertó sobre el riesgo de nulidad y posibles delitos como abuso de autoridad.
Esta decisión podría generar una fuerte reacción de la oposición y abrir un nuevo frente de tensión política en Argentina.
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