El Parlamento israelí, la Knéset, aprobó este miércoles de manera preliminar un proyecto de ley que busca anexar el territorio palestino ocupado de Cisjordania, conocido como Judea y Samaria, con 25 votos a favor y 24 en contra. La medida fue apoyada por el diputado Yuli Edelstein, quien rompió la disciplina de partido del Likud, bloque del primer ministro Benjamín Netanyahu, decantando el resultado a favor. Esta aprobación constituye el primer paso dentro de un proceso que requiere tres votaciones adicionales para convertirse en ley y aplicar la soberanía israelí sobre los asentamientos.
El proyecto establece que “el Estado de Israel aplicará sus leyes y soberanía a las zonas de asentamiento en Judea y Samaria, para establecer el estatus de estas áreas como parte inseparable del Estado soberano de Israel”. La propuesta fue impulsada por Avio Maoz, líder del partido ultraderechista Noam, quien durante la sesión parlamentaria afirmó que “el Señor, bendito sea, dio al pueblo de Israel la Tierra de Israel”, haciendo referencia a la idea del ‘Gran Israel’ que incluiría los territorios palestinos.
La votación preliminar coincide con la visita del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, quien supervisa el plan de alto al fuego en Gaza junto con el primer ministro Netanyahu y altos cargos militares. Los ministros ultraderechistas Bezalel Smotrich y Itamar Ben Gvir celebraron la medida, exigiendo la anexión inmediata de Cisjordania como respuesta al reconocimiento del Estado palestino por varios países, entre ellos Reino Unido, Canadá y Australia.
Autoridad Palestina y Hamás rechazan el plan de anexión
La Autoridad Palestina condenó la medida y advirtió que los continuos intentos de Israel por apropiarse de tierras palestinas son ilegales. En un comunicado, subrayó que “Israel no tendrá soberanía sobre tierras palestinas” y reiteró que Cisjordania, Jerusalén y la Franja de Gaza constituyen una unidad geográfica única sobre la cual Israel no tiene soberanía. La ANP apeló a la comunidad internacional para frenar lo que considera “medidas racistas destinadas a consolidar el sistema de apartheid” que violan el Derecho Internacional y numerosas resoluciones de Naciones Unidas.
Por su parte, Hamás calificó el proyecto como “colonial” e “ilegal”, denunciando que Israel intenta legitimar los asentamientos y aplicar su soberanía sobre los territorios palestinos ocupados, en flagrante violación de leyes y resoluciones internacionales. La milicia instó a Naciones Unidas, la Liga Árabe y otros foros internacionales a impedir la implementación de esta medida y exigir responsabilidades a los líderes israelíes por “sus crímenes contra el pueblo palestino”.
Denuncias de Jordania y contexto territorial
El Gobierno de Jordania se sumó a las críticas y declaró que Israel “no tiene soberanía sobre el territorio palestino ocupado”, alertando que el proyecto menoscaba de manera flagrante el Derecho Internacional, las resoluciones de Naciones Unidas y la solución de dos Estados. Advirtió que todas las medidas israelíes en Cisjordania y las violaciones en Jerusalén ocupada son ilegítimas e ilegales, solicitando a la comunidad internacional intervenir para detener estas acciones.
Cisjordania enfrenta un control parcial: mientras la Autoridad Nacional Palestina, encabezada por Mahmud Abás, gobierna algunas áreas, Israel mantiene control militar y civil sobre el 60 % del territorio (Área C) según los Acuerdos de Oslo. Esto incluye cientos de puestos de control y un sistema de permisos que limita la movilidad de los palestinos, impidiendo el libre tránsito entre ciudades y restringiendo el acceso a Jerusalén para muchos habitantes.
La votación preliminar en la Knéset refleja la persistente tensión sobre la soberanía de Cisjordania y anticipa un proceso legislativo que podría consolidar la anexión de facto, a pesar de la condena internacional y la resistencia palestina.
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