El gobierno peruano ha intensificado la vigilancia en las inmediaciones de la embajada de México en Lima, luego de que la ex primera ministra Betssy Chávez, condenada por su participación en el fallido intento de golpe de Estado de 2022, se refugiara en la sede diplomática mexicana. La medida busca prevenir cualquier intento de fuga mientras la exfuncionaria espera el salvoconducto que le permita abandonar el país.
El comandante general de la Policía Nacional de Perú, Óscar Arriola, informó que se ha desplegado a 25 agentes dentro de la embajada y a un total de 36 oficiales en puntos estratégicos de Lima, con el fin de “cerrar cualquier posibilidad de fuga”. Arriola precisó que la vigilancia considera escenarios como el uso de vehículos con inmunidad diplomática, los cuales dificultan la intervención policial salvo en casos de urgencia extrema relacionados con la vida o la salud de los ocupantes.
Riesgo y contexto político
Betssy Chávez ingresó a la embajada mexicana días antes de la lectura de su sentencia, que la condenó a 11 años y cinco meses de prisión. Su asilo provocó tensiones diplomáticas entre México y Perú, y ha puesto en debate la interpretación del derecho de asilo en la región. Según el canciller peruano, Hugo de Zela, la situación evidencia una “evolución negativa” en el uso del asilo diplomático, que podría ser empleado para evadir la justicia en lugar de proteger a quienes realmente enfrentan persecución política.
En comparecencia ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), De Zela señaló que, si bien no se refería específicamente al caso de Chávez, este confirma preocupaciones sobre la correcta aplicación de la Convención de Caracas de 1954. El funcionario propuso reforzar los procedimientos de asilo diplomático y elevar consultas al Comité Jurídico Interamericano, para garantizar que el derecho no se convierta en un instrumento de impunidad.
Procedimientos y salvoconducto
El gobierno interino de Perú, encabezado por José Jerí, señaló que tomará un tiempo indefinido para analizar el otorgamiento del salvoconducto necesario para que Chávez pueda trasladarse a México. Esto se suma a precedentes recientes, como el caso de la esposa e hijos del expresidente Pedro Castillo, quienes también recibieron estatus de protección similar.
Mientras tanto, la Policía Nacional mantiene vigilancia continua en la embajada mexicana, combinando presencia dentro y fuera de la sede, y monitoreo de rutas que podrían ser utilizadas para una fuga. Además, se refuerzan protocolos ante cualquier intento de traslado en vehículos diplomáticos, ante la imposibilidad de intervención directa en ellos.
El caso refleja la complejidad de equilibrar la protección diplomática y el cumplimiento del debido proceso en contextos políticos sensibles, especialmente cuando involucra a funcionarios de alto perfil y condenas por delitos relacionados con seguridad nacional.
La situación también ha generado atención internacional, ya que involucra a México como país garante de asilo y plantea cuestionamientos sobre la eficacia del multilateralismo y los tratados regionales en materia de protección consular.
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