El gobierno de Estados Unidos evalúa ampliar su veto migratorio a ciudadanos de 36 países, en su mayoría del continente africano, si no cumplen con una serie de requisitos en los próximos 60 días, según un memorando interno del Departamento de Estado revelado este sábado por The Washington Post.
El documento, firmado por el secretario de Estado Marco Rubio, fue enviado a las embajadas de los países afectados, exigiendo que antes del miércoles presenten un plan de acción inicial para evitar restricciones migratorias severas, como la negación de entrada o concesión de visados a sus ciudadanos.
Países en la mira: África, Asia y el Caribe
La nueva lista propuesta incluye a más de 20 países africanos, entre ellos Egipto, Angola y Nigeria, así como países asiáticos como Camboya y naciones caribeñas como Saint Kitts y Nevis o Saint Lucia.
El memorando justifica la posible inclusión de estos países por “la falta de un gobierno central competente o cooperativo que produzca documentos de identidad confiables”, además de registrar un elevado número de ciudadanos que permanecen en EE. UU. con visados vencidos.
Además, algunos de los países señalados tienen ciudadanos que, según el documento, han participado en “actividades antiamericanas o antisemitas dentro de Estados Unidos”, una acusación que podría tensar aún más las relaciones diplomáticas.
Uno de los puntos más polémicos del documento es la propuesta para que estos países acepten convertirse en “tercer país seguro”, es decir, naciones receptoras de personas deportadas desde Estados Unidos, aunque estas tengan otra nacionalidad distinta a la del país receptor. Esta condición sería considerada una vía para evitar ser incluidos en la lista negra migratoria.
Veto vigente y expansión en curso
La posible ampliación del veto se sumaría a la proclamación presidencial del 4 de junio, por la que ya se negó el ingreso a ciudadanos de 13 países, entre ellos Afganistán, Birmania, Chad, Eritrea, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen. También se establecieron restricciones parciales para Cuba, Venezuela, Burundi, Laos, Sierra Leona, Togo y Turkmenistán.
Estas medidas se dan en el contexto de una política migratoria más estricta impulsada por el presidente Donald Trump durante su segundo mandato, y forman parte de los compromisos que su administración ha anunciado para “reforzar la seguridad nacional y restaurar el orden en la frontera”.
A la espera de una respuesta formal por parte de las embajadas afectadas, la comunidad internacional y organizaciones defensoras de los derechos humanos han comenzado a expresar preocupación por el impacto humanitario y diplomático que podrían tener estas nuevas restricciones.
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