El Tribunal Constitucional (TC) de Perú emitió este martes un fallo que suspende todas las investigaciones fiscales contra la presidenta Dina Boluarte, incluyendo el controvertido caso “Rolexgate”, donde se la acusa de recibir relojes y joyas de lujo no declarados a cambio de favores políticos. La decisión, publicada en la página web del TC, restablece la inmunidad presidencial durante su mandato, ordenando que las pesquisas queden en pausa hasta el 28 de julio de 2026, cuando concluya su gestión, para reanudarse solo tras una eventual acusación constitucional.
Este fallo, que aplicará a futuros presidentes, representa un respaldo significativo para Boluarte, cuya popularidad ha caído a niveles mínimos —alrededor del 3% según encuestas recientes— debido a múltiples escándalos. La demanda ante el TC, presentada en abril por su defensa tras el allanamiento a su vivienda y despacho presidencial, argumentó que las diligencias del Ministerio Público y el Poder Judicial vulneraban su investidura. Entre los casos suspendidos está el “Rolexgate”, donde la fiscalía sostiene que las joyas, supuestamente entregadas por el gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, fueron sobornos a cambio de decretos favorables, así como investigaciones por la muerte de al menos 50 personas durante las protestas de 2022 tras la destitución de Pedro Castillo, y un expediente por abandono de cargo relacionado con cirugías estéticas no reportadas.
Boluarte, de 63 años, ha negado todas las acusaciones. Su abogado, Joseph Campos, defendió el fallo en RPP, afirmando: “Esto le va a servir a la democracia, no hay impunidad. Termina el mandato y la investigan previa acusación constitucional”. Sin embargo, la decisión ha generado críticas, especialmente por el caso “Rolexgate”, donde imágenes de la presidenta luciendo relojes de alta gama desataron un escrutinio público desde marzo de 2024. Algunos ven el fallo como un freno a la rendición de cuentas, mientras otros lo consideran una protección constitucional necesaria, destacando que presidentes como Castillo enfrentaron investigaciones similares durante su mandato.
La suspensión, aunque temporal, refuerza la inmunidad presidencial peruana, permitiendo solo diligencias urgentes durante el cargo. El debate sobre su legitimidad y el impacto en la lucha contra la corrupción sigue abierto, con opiniones divididas sobre si protege la estabilidad gubernamental o perpetúa la impunidad en un contexto de alta desconfianza ciudadana.
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